Así se construyó la agenda común para la paz desde el Cauca

Por: Olga Portilla Dorado

Desde hace tres años, 250 organizaciones populares y sociales de 18 departamentos y 2 ciudades, pertenecientes a 5 regiones (suroccidente, eje cafetero, centro, nororiente y caribe) con apoyo de Planeta Paz y Oxfam, se la “jugaron” por crear una ‘Agenda común para la paz desde los territorios’.

Fueron docenas de talleres, seminarios y diálogos de saberes donde más de 300 líderes y lideresas de todo el país construyeron este documento, que es una plataforma de cómo a través de sus organizaciones, y a pesar de las diferencias territoriales, se pusieron de acuerdo para ser los interlocutores ante el Gobierno, las Farc y posiblemente el Eln, para hablar sobre la construcción de paz en cada zona.

“La Agenda es una propuesta que empezó a construirse hace tres años, pero en realidad responde al proceso histórico de discusiones y luchas que han tenido las organizaciones sociales en diferentes regiones del país. No se trata de algo paralelo a los Acuerdos de la Habana ni a las negociaciones con el Eln, sino que es un documento que recoge el sentir y los planteamientos hechos por las organizaciones sobre lo que es necesario hacer de ahora en adelante para seguir impulsando la paz”, dice Sandra Naranjo, directora de Planeta Paz.

La mayoría de líderes del Cauca que estuvieron presentes el pasado viernes en el lanzamiento de la Agenda Común para la Paz Territorial, coinciden en que el documento tiene como base lo social, lo educativo, lo cultural, la salud, y la economía solidaria de los pueblos; no sin dejar a un lado lo político y los temas que hay en el Acuerdo, pero sí se destaca particularmente las otras carencias que hay en los municipios, especialmente en los de este departamento y los demás que conforman la zona suroccidente (Valle, sur del Huila, Putumayo, Nariño y Caquetá).




Para Henry Caballero, representante del Consejo Regional Indígena del Cauca (Cric), esta es una Agenda que ha permitido un diálogo importante y una construcción común de una propuesta de paz, mirándola y entendiéndola como realizaciones sociales, económicas y culturales que permitan construir un país equitativo y diverso.

“Lo que hemos logrado como organizaciones es construir algo que va más allá de la solución política del conflicto armado, dándole la importancia a los actores sociales que hay en estos departamentos, y subrayando que los procesos de paz no se pueden hacer a sus espaldas, sino que para que haya paz en nuestro país y en nuestra región, son esos actores sociales los que deben tomar el protagonismo en este posconflicto”, puntualiza Caballero.

Son cinco regiones, pero una sola Agenda, y eso también lo destacan desde las ONGs que apoyaron este proceso, ya que señalan que no es un documento sectorial sino común, en el que cada una de las organizaciones propuso unas temáticas y efectivamente se llegó al consenso de priorizar algunos temas, entre ellos: los derechos de las víctimas, la participación social y política, y el desarrollo rural donde se incluye la minería y la protección ambiental.

“En la región del suroccidente hay apuestas diversas, en total son 12 grandes ejes estratégicos de trabajo, los cuales se orientan principalmente a la defensa del territorio y la territorialidad, la interculturalidad, la participación de las mujeres, la cultura representada en bibliotecas comunitarias y la educación propia, así como la base ambiental para la paz. Que en una sola propuesta confluyan afros, indígenas y campesinos es un logro muy importante”, añade la directora de Planeta Paz.

Precisamente entre esos grandes ejes, la preocupación por el territorio es una lucha ancestral de todas las comunidades en el Cauca, y por la cual las comunidades y organizaciones populares y sociales se han movilizado rechazando, por ejemplo, la minería ilegal en sus territorios y defendiendo hasta con la propia vida los afluentes de agua, así como la erradicación de cultivos ilícitos.

“Respecto al tema de minería lo que planteamos es que  hay una Ley 70, y una necesidad y una exigibilidad por parte de los procesos de comunidades negras de que se reglamente el capítulo minero de esa Ley, con ese capítulo podemos generar las condiciones que nos permitan articular nuestras prácticas tradicionales asociadas a la minería en donde históricamente desarrollamos unos procesos con los que hicimos uso racional de esos recursos sin generar procesos de contaminación”, comenta Gerardo Bazan Orobio, miembro del Consejo Comunitario de Río Guajuí y de Asocomguapi.

Otro de los temas que preocupa a las organizaciones y que se recoge en la Agenda común para la paz desde los territorios, es lo que tiene que ver con la sustitución de cultivos ilícitos, el cual está en el punto 4 de los Acuerdos de Paz entre el Gobierno y las Farc, pero que según estos líderes debe hacerse concertadamente con las comunidades.

“La erradicación de cultivos ilícitos nos está generando tensión al interior de los territorios porque las comunidades no saben cómo implementar lo que dice el acuerdo en este sentido, ellas no están preparadas. Si bien el Gobierno firma por un lado el Acuerdo final, y dice que se deberá concertar con las comunidades y las organizaciones la sustitución voluntaria, eso hasta ahora no se ha cumplido, lo que han hecho  es erradicar forzosamente, y por eso hay contradicciones y se derivan las marchas como las que sucedieron la semana pasada en Bolívar y Mercaderes”, destaca Juan David Mellizo, integrante del Comité de Integración del Macizo (Cima).

Son 296 páginas las de esta Agenda, que además cuenta con un “atlas” que contiene una serie de mapas de los 18 departamentos participantes. Mapas, que no son más que el resultado de los ejercicios participativos de los líderes y lideresas que plasmaron sobre esas imágenes los conflictos territoriales, prácticas y procesos de construcción de paz en sus territorios.

Ambas herramientas servirán para que desde lo local se puedan tener propuestas para que la implementación de los Acuerdos no llegue a través de una política pública definida, sino que las organizaciones sociales a la hora de participar, ya tengan en sus manos elementos para proponer, debatir y decidir sobre qué se hace y que no en sus territorios, porque finalmente son ellos los que han vivido y vivirán ahí.