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El pasado sábado, previo al día del padre, y con el triunfo de nuestra selección, algunos colombianos celebraron con copas rebosantes de licor, que, desde luego, de ser mal comportadas, pues generan contravenciones a la sociedad, que, ante la falta de autoridad, los desadaptados sociales hacen de las suyas, para que los ciudadanos de bien terminemos casi que, debiéndoles, quedándonos como alternativa la sanción social o el escarnio público.
Hago esta introducción, porque estoy seguro, que fue el pan de cada día en nuestro país, de lo cual nuestra querida ciudad de Popayán no se pudo mantener absorta. Y efectivamente paso en el Centro Comercial Campanario, que frente al daño ocasionado a un vehículo de mi propiedad, por parte de los Señores Daniel Andrade Mañunga y Yulan Stiven Agredo, que ingresaron al establecimiento comercial en el vehículo con placas MWT 852, pude constatar dos hechos que me parecen de la mayor relevancia que la ciudadanía payanesa conozca, una, que la Administración Municipal no cuenta con un convenio con la Policía Nacional para que suministre el servicio de Policía de Tránsito Municipal, ahora entenderán el porqué del caos vehicular en la ciudad y dos, la mediocridad en la cual se están educando algunos profesionales del derecho.
En el desarrollo de la discusión, y ante el reclamo que le presenté al Señor Daniel Andrade Mañunga quien conducía el vehículo a la hora de parquear, pude inferir que el señor presentaba ingesta de licor embriagante, circunstancia que no le permitía hilvanar palabras para justificar su irresponsabilidad. Llama poderosamente que “un profesional del derecho” a sabiendas que trasgrede normas legales asuma este tipo de conductas y que pretenda que con “plata” pueda borrar la culpa, que como el mismo lo admitía le llevaría a que le cesara su licencia de conducción por largo tiempo. Ya con la presencia de dos agentes de la Policía Nacional Daniel Tapias y Diego Quiroga, dos contratistas de la Inspección de Tránsito Municipal y la Directora o Coordinadora de la Inspección de Tránsito Municipal, me sentenciaron, que frente a mi negativa de conciliar con el “abogado” y frente a mi solicitud de que se le practicara la prueba de alcoholimetría para que se le aplicara la máxima sanción en beneficio de la ciudadanía indemne frente a actos irresponsables, ellos como autoridad, no podían hacer absolutamente nada ante la falta del acto administrativo que consintiera a miembros de la Policía Nacional ha desarrollar las tareas de control y disciplinarias para el servicio de tránsito, parecería que los contraventores, burlándose en la cara de las autoridades presentes, conocían de este vacío institucional que les otorga patente de corso para continuar infringiendo la ley, la que manifestaron defender a la hora de juramentarse como “profesionales del derecho”. Si, así están las cosas en nuestra ciudad.
Estamos de acuerdo que las riendas de la ciudad deben ser asumidas por personas con carácter y rodeados de profesionales idóneos que estén al tanto de lo que sucede en la ciudad para prever contingencias y tomar las decisiones administrativas que permita darle seguridad jurídica a sus administrados, de tal manera, que se encuentren protegidos de esta pequeña delincuencia incrustada en las aulas de universidades que seguramente no tienen nada que ver con la condición humana de los profesionales que está formando, lo que obliga a estructurar una educación que incluya aspectos psicológicos de personas que seguramente no recibieron la formación familiar consistente en materia de valores y que consideran que con un título y dos pesos tienen el mundo a sus pies, nos corresponde a la ciudadanía, sin ningún miramiento que ante la falta de autoridad, reitero, acudamos al escarnio público.
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