Justicia para los de ruana

ÁLVARO JESÚS URBANO ROJAS

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El desprestigio de la justicia ha sido el talón de Aquiles de la moralización nacional, su ineficacia constituye un mal endémico para el país, permeado por una cultura mafiosa que todo lo hace y todo lo puede, lo cual se sintetiza en el adagio popular: “La justicia es para los de ruana”. En Colombia los funcionarios que componen la Rama Judicial han crecido en contacto con una cultura en la que se le resta valor a las reglas jurídicas, y se le da mayor importancia a las reglas sociales del intercambio de favores, la fuerza de las lealtades y las obligaciones reciprocas.

Los jueces son funcionarios públicos, por lo que se espera respondan al espíritu del servicio público y la gran mayoría lo hacen, lo que molesta es ver en algunos despachos de la rama judicial una cultura propia de personajes ambiciosos que se saltan las reglas de juego o se las arreglan para el tráfico de influencias en favor propio o de terceros, para conseguir lo que se proponen, donde los ciudadanos del común asistimos con preocupación a una realidad judicial crítica, que se evidencia en fallos selectivos y en decisiones desproporcionadas e injustas, muchas veces prevaricadoras.

La gente aspira a que la justicia actúe de manera firme y que haya una estructura homogénea en las decisiones para casos similares. Pero la realidad nos muestra que ello no es así. Se ve que hay amiguismos y compadrazgos en las estructuras del poder para devolver favores o congraciarse con los dueños del poder.

La justicia atraviesa por una de sus más profundas crisis, carece de credibilidad a causa de males como la politización, la congestión, la demora en los trámites y el exceso de impunidad. También la aquejan defectos estructurales, como la hipertrofia del aparato jurisdiccional, la tutelización de los litigios, la falta de seguridad jurídica, la politización de la justicia y la ausencia de controles a los magistrados, sin desconocer algunos episodios aislados que dejan la impresión fundamentada de amiguismos y pago de favores en el seno del tribunal que encabeza la jurisdicción regional.

En Colombia los expedientes literalmente inundan los espacios de los funcionarios judiciales, cayendo de torres de varios metros de altura como si buscaran llamar la atención después de años de olvido; las víctimas enmarcan las sentencias en las que obtienen indemnizaciones, porque los condenados se insolventan o liquidan para evadir su pago; un proceso ordinario o declarativo puede tramitarse durante la vida de varios abogados y una denuncia penal acarrea demoras por trámites engorrosos, riesgos, costos y grandes mortificaciones para las víctimas, pues el sistema penal es muy garantista para los victimarios, por lo que la gente prefiere no acudir a la justicia.

Todos los colombianos al unísono declaramos que es necesario fortalecer la Justicia, una de las instituciones más emblemáticas de la sociedad, llegó la hora de recuperar su dignidad y prestigio, por sobre todo, ponderar el valor de los miles de funcionarios judiciales que siguen haciendo un trabajo honesto y que cargan a cuestas un desprestigio que no les corresponde.

Se necesita una reforma abierta a la intervención sin concertación exclusiva con la cúpula judicial; la sociedad civil debe participar en la discusión: la academia, las facultades de derecho, los sindicatos y asociaciones de funcionarios judiciales, las organizaciones sociales, los centros de arbitraje y conciliación, las veedurías ciudadanas, y los organismos de control. Es necesario advertir que cualquier reforma enfrentará intereses enquistados en lo más profundo de la institucionalidad y la política, intereses que harán hasta lo imposible por aferrarse sin escrúpulos a su feudo de poder.