El control fiscal y la corrupción

07:35 pm 13-noviembre

ÁLVARO JESÚS URBANO ROJAS

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Preocupa que nuestro ordenamiento jurídico privilegie la trampa pues el recorte presupuestal, el debilitamientos técnico y tecnológico de las contralorías departamentales y municipales, agravado por el desprestigio que adolecen algunos contralores de bolsillo, hacen infructuosa la vigilancia fiscal a las administraciones seccionales.

La reformar al control fiscal es urgente sin desconocer que se trata de un proceso complejo y difícil, dado que la corrupción se ha enquistado en todas las instancias del Estado, pues los entes de control no tiene herramientas efectivas y se encasilla en procesos auditores primitivos y desactualizados, donde mientras el control fiscal divaga por las escaleras salvando innumerables escaños, la corrupción avanza en la comodidad de un ascensor con la complicidad de un sistema perverso, garantista para el delincuente de cuello blanco, ineficaz e ineficiente donde se privilegia al tramposo pues no se han modernizado con las nuevas tecnología de la informática y de las telecomunicaciones.

Se necesita elegir contralores autónomos mediante concursos de méritos, por periodos improrrogables de ocho años, mediante selección neutral y reglada adelantada por instituciones calificadas, objetivas e independientes como las cámaras de comercio o las universidades, claro está con la vigilancia del Departamento Administrativo de la Función Pública, contralores con altos perfiles de desempeño, comprobada moralidad y ética, preferiblemente especialista en auditoría fiscal, finanzas o gestión pública. Sin que los congresistas, concejales y diputados intervengan, ni mucho menos los gobernadores y alcaldes quienes sin reato de culpa invaden la órbita de acción del control fiscal territorial.

Para darles independencia es conveniente asignarle funciones de jueces en el trámite del proceso y en la ejecución de los fallos de responsabilidad fiscal con facultades de jurisdicción coactiva, extinción de dominio de los bienes adquiridos con recursos de la corrupción y medidas efectivas de embargo, secuestro y remate de los bienes de los corruptos.

No he podido entender por qué las Contralorías, las veedurías y la Agencia de Defensa Jurídica trabajan de manera desarticulada, sin capacidad reactiva para prender alertas tempranas sobre situaciones que ponen en peligro el presupuesto público. Según la Contraloría General de la República, el desangre de la corrupción le cuesta al país $50 billones al año, una cifra que serviría para garantizar durante dos años educación gratuita a todos los estudiantes universitarios de pregrado y solventar además el déficit fiscal sin sobrecargar al pueblo con impuestos y gravámenes de inoportunas reformas tributarias.

El Contralor General Carlos Felipe Córdoba, presentó en el Congreso un proyecto de acto legislativo que reforma el sistema de control fiscal y pretende establecer un modelo “preventivo y concomitante” que permita a los entes de control fiscal, adelantar actuaciones en tiempo real y aplicar la Función de Advertencia mediante auditorías especiales y “express”, a través de un modelo integral de protección y defensa del patrimonio público, para que no sigan siendo “notarías del daño público” y se limiten a registrar su ocurrencia e intentar el respectivo resarcimiento a través de procesos inconclusos, dispendiosos e impredecible, donde los casos de mayor envergadura se dilatan en el escrutinio de la jurisdicción contenciosa administrativa que puede tardar entre seis y ocho años para que queden en firme.