Estación de Policía de El Mango se trasladará por orden de la Corte Constitucional

Tras una lucha judicial por años, el alto tribunal determinó que en un plazo de 30 días, el Ministerio de Defensa y la Policía Nacional deberán ubicar la estación de Policía de la vereda Campo Alegre, en el corregimiento de El Mago, en un lugar donde no se ponga en riesgo la vida de la comunidad.

Redacción El Nuevo Liberal

El pasado 23 de junio, los habitantes de El Mango, conmemoraban la tranquilidad de estar “un año sin policía”, luego de que en el 2015, armados de valor y cansados de vivir con miedo por los constantes ataques de los grupos al margen de la ley, miles de habitantes del corregimiento El Mango, en el municipio de Argelia, sacaran a la policía del barrio El Recreo, a donde habían llegado desde el 2007.

Ese día, los habitantes de El Mango sacaron a los 35 policías que estaban en la subestación y luego de que subieran armas y pertenencias a las camionetas, la comunidad los trasladó hasta la cabecera municipal de Argelia donde estaba el Ejército. Días después, la subestación de Policía se instaló en otra vereda de este corregimiento: Campo Alegre; de donde también tendrán que salir en 30 días, tal como lo ordenó la Corte Constitucional, en un fallo a favor de los pobladores.

Con ponencia del magistrado Luis Ernesto Vargas Silva, la Corte Constitucional aseguró que pese a que la Constitución y la ley establecen la presencia de la Policía en todo el territorio nacional este caso debe ser revisado con otra perspectiva. Los habitantes, señalan, se han visto durante años por su ubicación incumpliendo las condiciones de proporcionalidad.

“La subestación de Policía de la vereda Campo Alegre, en el corregimiento de El Mango, municipio de Argelia (Cauca) deberá ser ubicada en un lugar lejano del casco urbano para no poner en riesgo la vida e integridad de los pobladores”, dice la Corte.

Así mismo señala que a raíz de la afectación directa de los pobladores, al llegar a esta vereda, se presentó una acción judicial con el fin de solicitar la protección de sus derechos vulnerados. “La ocupación ilegal de la Policía a las viviendas de los habitantes de Campo Alegre constituye una violación del principio de distinción del Derecho Internacional Humanitario (…) La Policía utilizó casas como trincheras y por tanto, convirtió los hogares en blanco de las hostilidades”, considera el alto tribunal.

Por eso, la orden es clara y en un plazo de 30 días, tanto la Policía Nacional como el Ministerio de Defensa tendrán que ejecutar todo lo necesario para ubicar esta subestación fuera del caso urbano, lejos de las viviendas de la zona. Igualmente, la orden de la Corte Constitucional, señala que se deben rediseñar estrategias de protección para la población, “como en parte lo ha hecho, por ejemplo, ideando alternativas que no impliquen aumentar el riesgo que actualmente soportan los accionantes. Quien tiene el deber de protección de la comunidad es la fuerza pública y el hecho que sus bases no pueden estar cerca de las casas de los habitantes, no significa que no leudan cumplir con su misión constitucional”. 

 15 viviendas fueron ocupadas por los uniformados en la vereda Campo Alegre, sin permiso alguno.