A portas de finalizar el 2014 las solicitudes en para extraer minerales de territorios caucanos se han incrementado. A su vez, la minería ilegal dejó varios hechos lamentables. Por eso las autoridades ambientales piden apoyo para determinar la magnitud real de la minería en el Cauca.
Reinaldo Hoyos Molina
El 29 de abril de 2014 fue trágico para el Cauca. A la 8:00 de la noche, en la vereda San Antonio de Santander de Quilichao, norte del departamento, un alud de tierra de 10 mil metros cuadrados en una mina ilegal enterró a más de 13 mineros. Sin embargo, solo a la media noche se conoció de la emergencia, justo cuando los mineros que se salvaron y sus familiares se indignaran al ver que el administrador de esa mina ilegal estaba sacando las máquinas del lugar, sin importarle la suerte de los sepultados.
Este hecho generó la intensificación de acciones contra la mineria ilegal no solo en el Cauca, sino en todo el país. Además llovieron las solicitudes para que desde el Gobierno Nacional se revise la política minera.
Y es que el tema es de grandes proporsiones. Este año quedó develado no solo los daños ambientales que deja la explotación minera ilegal y la lucha de poblaciones como las del Macizo Colombiano en defensa del territorio; sino también que detrás de la minería hay toda una maquinaría de ilegalidad oxigenada por los vacios de la política minera nacional, como lo han denunciado políticos caucanos. Contando además con los erróneos procedimientos de algunos funcionarios públicos, como el que realizó Fabio Humberto Montoya, secretario de Tránsito de Santander de Quilichao, que entregó cuatro retroexcavadoras que estaban en cadena de custodia por parte del CTI de la Fiscalía.
Se trata de cuatro máquinas que habían sido decomisadas en una mina a cielo abierto en la vereda Santa Rosa de Buenos Aires, Cauca, el pasado 15 de julio del presente año. Las mismas solo podían ser entregadas con una órden de un juez, situación que se pasó por alto por el funcionario público. Por eso está en curso un proceso de investigación desde la Fiscalía.
Este mismo marco de ilegalidad permitío que en este 2014 se hayan presentando ante la autoridad ambiental del Cauca 242 denuncias de presencia de minas ilegales en los municipios, de las cuales 81 están pendientes de atención.
El mineral que más han denunciado por explotación ilegal es el oro que tiene 94 denuncias, y las mismas se presentan sobre todo en municipios del norte del Cauca. Por eso se dieron reacciones ciudadanas, como la marcha hacia Bogotá de las mujeres de Suárez que pidieron acciones contudentes contra la explotación minera sobre los ríos Ovejas y Teta, ambos afluentes del río Cauca. Hoy, estas mujeres están amenazadas, como lo denuncian varios organismos de protección de Derechos Humanos.
La CRC ha realizado desde el 2009 cerca de 161 visitas (32 cada año en promedio) en las que validan la información que presentan los denunciantes. A raíz de eso, este año la corporación ambiental impuso 24 medidas preventivas con las cuales buscaron principalmente la suspención de actividades al considerar que existía peligro o daño a recuersos naturales renovables, como lo expresa el artículo 85 de la Ley 99 de 1993.
Aquí también existe un listado de los municipios que más denuncias por casos de minas ilegales han presentado. El municipio de El Patía inicia la lista con 28, seguido de Santander de Quilichao con 25 casos y el municipio de Timbiquí con 22. Tras esas denuncias las autoridades han realizado operativos que dejaron como resultado decomiso de maquinaria, químicos y demás elementos que se utilizan para tal fin.
El Nuevo Liberal también pudo conocer que desde el 15 de julio de 2014 hasta la fecha se han realizado 11 operativos en diferentes municipios del Cauca que dejaron un total de 48 personas capturadas, principalmente en Santander de Quilichao, donde el 19 de noviembre se capturadon 20 personas y en Rosas donde, el 24 de septiembre, se aprehendieron 24 más.
Uno de los últimos operativos se llevó a cabo el 13 de noviembre en la vereda El Túnel, de Rosas en la Mina La Marta donde se extraía oro. En ese lugar se hayaron piscinas de cianuro además de una variedad de químicos que contaminan el medio ambiente. Todo quedó decomisado.
A pesar de estos esfuerzos el impacto en el suelo, las fuentes hídricas, la flora y la fauna, no ha mermado. De hecho la realidad de la minería ilegal es apremiante. Por eso el Gobernador del Cauca, Temístocles Ortega Narváez, ha expresado en repetidas ocasiones que hace falta más compromiso del Estado para enfretar este problema que está consumiendo a varias poblaciones rurales del departamento.
Mientras tanto, desde las instancias locales se ha consolidado el trabajo interinstitucional con acciones como la creación de la mesa departamental minera en donde Administración Departamental, entidades de investigación judicial y autoridades ambientales, trabajan en planes para enfrentar los problemas que genera la explotación de minerales, obteniendo resultados que aún son exiguos para el tamaño del problema.
La otra cara: minería legal
Cada vez más los mineros del país y del exterior ven en el Cauca un paraíso para su actividad. Esto parece revelar los datos de la Agencia Nacional Minera (ANI), donde el departamento cierra el año con un total de 263 títulos mineros de los cuales 106 están en un proceso de explotación legal. Siendo el material de construcción el elemento más explotado con 26 minas; seguido del oro con 20 y el material de arrastre con el mismo número.
Por eso, la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), ha tenido que realizar 75 procedimientos de seguimientos en donde revisa si se está cumpliendo con los parámetros de la legislación minera vigente. Varias de ellas ya tienen el respectivo concepto técnico, razón por la cual, siguen en el trabajo de extracción de minerales.
Sin embargo, como se conoció en una visita de funcionarios de la Agencia Nacional Minera (ANI) al Cauca, uno de los principales incumplimientos de los mineros legales, es el pago de las regalías, según los resultados de los estudios que esta entidad ha realizado.
En el departamento, según información de la CRC publicado el 1 de enero de este año, el municipio de El Tambo es el que más solicitudes mineras registra con un total de 100, de las cuales 44 son para explotación de oro, 21 para cobre y 15 para carbón. Le sigue en la lista, el municipio de Buenos Aires que tiene 67 solicitudes: 25 para explotar cobre, 10 para carbón y 10 para la extración de plata.
En este último municipio se presentó una emergencia el pasado miércoles 17 de diciembre que no dejó víctimas mortales, pero sí la certeza de que los actores armados continúan al frente del negocio ilicito. El tercer puesto lo ocupa el municipio de Santander de Quilichao donde existen, según las cifras de la CRC, 65 solicitudes: 25 para explotación de cobre; 12 de caolín (material de arcilla blanca) y 11 de oro.
El panorama en relación a la minería que se está ejerciendo de forma legal en el Cauca deja como posibilidad que los números se amplien; entre otras, porque la política económica del Gobierno Nacional, basada en la minería, sigue en boga. Esto ha abierto la puerta para empresas mineras y mineros hayan presentado 883 solicitudes de explotación en el departamento, siendo el oro, el cobre y carbón los principales objetivos de los proponentes.
Así las cosas, la autoridad ambiental hace un llamado para fomentar el apoyo con trabajo interinstitucional, debido a que hasta el momento no existe una valoración ambiental exhaustiva por tanto, no se ha determinado la magnitud real de la minería en el departamento.
Por eso la preocupación de estas entidades no solo es por la minería ilegal que está debastando la riqueza natural de un departamento potente en agua dulce, sino también la exorbitante cantidad de títulos y solicitudes mineras que dejan ver al Cauca en un futuro como un fortín para la explotación de minerales. Razón por la cual, vuelven y dejan en el tintero la necesidad de diseñar una nueva política minera en Colombia.
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