15 años de Plan Colombia y nueva política antidrogas
FELIPE SOLARTE NATES
Al reunirse el próximo jueves 4 de febrero en Washington, los presidentes Santos y Obama, gobiernos de Colombia y Estados Unidos cierran una política conjunta trazada y ejecutada durante 15 años, para enfrentar la fortaleza militar de las Farc, -que amenazó la estabilidad de nuestro imperfecto sistema democrático- y del narcotráfico que las financiaba, junto a los paramilitares que la combatían y la explosión de ‘cartelitos’ renacidos de las cenizas de sus derrotados progenitores de Medellín y Cali.
Sin duda que desde el 2001, la cuantiosa ayuda en equipo militar de los Estados Unidos con la dotación de más de 300 helicópteros y aviones de inteligencia y combate, la inversión de cerca de 10.000 millones de dólares y preparación para la lucha antiguerrillera de las Fuerzas Armadas de Ejército y Policía, inclinó la balanza a favor del Estado colombiano (que en total invirtió de su presupuesto cerca de 120.000 millones de dólares) obligando a sobrevivientes dirigentes de las Farc, a iniciar negociaciones en La Habana, que parecen no tener reversa, gracias a los acuerdos parciales alcanzados y apoyo irrestricto de los gobiernos de Estados Unidos y la Comunidad Europea, que designaron delegados para colaborar en el proceso, y del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que en tiempo record decidió participar con la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, integrando un comité de verificación del cese al fuego, una vez hayan definido los sitios de concentración de la guerrilla, antes de entregar las armas.
Pero si en la lucha contra la expansión de las Farc, el Plan Colombia fue exitoso, en el combate, contra el cultivo y procesamiento de coca, marihuana y amapola, sus logros fueron pírricos y terminaron en un empate, pues los miles de millones de dólares asperjados en glifosato (Parathión reforzado) sobre los campos colombianos, más contribuyeron a engrosar las arcas de la multinacional Monsato y contratistas de aviones fumigadores, ya que aprovechando las numerosas selvas existentes a largo y ancho del país, mientras fumigaban en una región se desplazaban a otra o al Ecuador y Perú, debido a que el narcotráfico sigue siendo rentable, mientras países netamente consumidores y los productores que también consumen, como Colombia, no se unan para diseñar una nueva política antidroga diferente a la persecución y cárcel para cultivadores, procesadores y viciosos, como predomina en los Estados Unidos, país que desde el gobierno de Nixon en 1971, trazó la represión como eje de la lucha internacional antidrogas, mientras en años recientes, en países europeos y varios Estados de la unión americana y suramericanos como Uruguay y Chile, aprueban cultivos legalizados de marihuana para fines medicinales y recreativos y en varios foros internacionales estadistas como los ex-presidentes Gaviria de Colombia, Cardozo del Brasil y Calderón de México, proponen la adopción de una nueva política internacional contra el narcotráfico diferente a la carcelaria y con énfasis en prevención y educación.
Pero el “entierro del Plan Colombia” como lo consideran su iniciador el ex-presidente Pastrana, su colega continuador Uribe y el Procurador Ordóñez, críticos implacables del proceso de paz con las guerrillas, no significa que Estados Unidos, la Comunidad Europea y la ONU, se retiren del país, pues ya anunciaron su vinculación a diferentes proyectos de desminado en departamentos como el Cauca, y construcción de vías, acueductos, distritos de riego y obras que faciliten el desarrollo de proyectos productivos y programas de educación y salud a desarrollar en las zonas donde el Estado colombiano no ha hecho presencia institucional durante más de 50 años de guerra irregular.
La tónica de la política que reemplazará al Plan Colombia ya la están ejerciendo los ministros del Interior Juan Fernando Cristo y el ministro para el Posconflicto Rafael Pardo, al visitar los departamentos del país buscando preparar el terreno después de la desmovilización y desarme de las Farc y el Eln, -guerrilla que acaba de manifestar estar lista para iniciar negociaciones-, y empezar el desminado en municipios afectados por este flagelo, tal como lo hicieron al visitar a la gobernación del Cauca, el 28 de enero, en compañía del Presidente del Senado Luis Fernando Velasco.
En rueda de prensa, el gobernador del Cauca, Rodrigo Campo, anunció como acciones del posconflicto: el acercamiento con las Juntas rurales de Acción Comunal para implementar un Plan Piloto Nacional “Camino de Oportunidades” para mantenimiento de vías, atención a desplazados y víctimas de la violencia, restitución de tierras, sustitución de cultivos ilícitos, organización de cadenas productivas y mercadeo para mejorar los ingresos de los campesinos y paralelamente garantizar mayor presencia de instituciones estatales en regiones aisladas. En el Cauca el desminado será priorizado en (Argelia, El Tambo, Jambaló, Buenos Aires, Toribío, Corinto), 22 escuelas amenazadas y después en 15 municipios con menor riesgo.
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