En el 2020, Indepaz registra 87 personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el Cauca. El Comité de Solidaridad con los Presos Políticos en alianza con organizaciones de la Mesa Territorial de Garantías con apoyo de la Fundación Heinrich Böll y el Fondo Noruego de Derechos Humanos proponen al departamento unos lineamientos de política pública territorial de garantías para defensores y defensoras.
Más que nunca, ante un escenario de múltiples agresiones, las propuestas de soluciones son necesarias. Paradójicamente Colombia es el país que más instituciones encargadas de derechos humanos posee, sin embargo, no ha podido hacer frente a la situación generalizada de agresiones. Con el Acuerdo Final de Paz se dispusieron múltiples programas, instancias y planes referidas a la protección que se unen a instancias anteriores y a espacios de incidencia e interlocución de las organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos con el Estado. La propuesta de lineamientos de política pública de garantías para el departamento del Cauca busca así tratar de articular toda esa institucionalidad existente y territorializarla.
¿De qué se compone la propuesta?
La propuesta parte de una idea esencial y es que en Colombia se cuenta en gran parte con la institucionalidad y normatividad necesaria para una protección efectiva de los líderes y lideresas sociales. Diferente es que no sean eficaces por distintos motivos o que sea necesario introducir algunas modificaciones. Así, no se propone crear más entidades que las que existen, sino aplicarlas territorialmente al departamento, brindándoles mayores garantías de participación a las organizaciones sociales y un mayor impulso y materialización de las herramientas del Acuerdo Final de Paz. Por ello la propuesta posee siete componentes fundamentales: en primer lugar, se hace un recuento de toda la normatividad internacional que respalda a los líderes y lideresas sociales y que impone al Estado Colombiano la obligación especifica de proteger a estas personas. En segundo lugar, se exponen los componentes de esa obligación de protección entendiendo que estas van más allá de más presencia de la fuerza pública o de esquemas de protección, sino que posee igualmente un eje de prevención, así como de investigación de las agresiones que permita que estas no se vuelvan a repetir.
En tercer lugar, se hace toda una síntesis del marco normativo nacional que obliga al Estado a proteger líderes y lideresas sociales que no se agota únicamente en la existencia de la Unidad Nacional de Protección (UNP) sino que vincula a otras entidades y programas, especialmente aquellas concebidas en el Acuerdo Final de Paz en el Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP). En cuarto lugar, se hace una crítica al funcionamiento de las políticas existentes mostrando sus vacíos y desafíos. En quinto lugar, se realiza un contexto socio-histórico y económico del departamento del Cauca observando las particularidades que deben ser tenidas en cuenta para una territorialización y adaptación de todas estas políticas en el departamento. Finalmente, en un sexto y séptimo lugar se realizan una serie de propuestas agrupadas en ejes y líneas de acción para el departamento.
¿Cuáles son las instancias clave en la propuesta?
Como se dijo, en esta propuesta se busca reivindicar lo existente en el Acuerdo Final de Paz en materia de protección para personas defensoras de derechos humanos, organizaciones y comunidades. El Acuerdo Final de Paz prevé estos elementos en el punto 2.1.2 y 3.4. a través de la creación de un Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política (SISEP). El SISEP se desarrolla en el Decreto Ley 895 de 2017 y su función es establecer condiciones para consolidar la participación democrática en el país, y garantizar las condiciones de seguridad para el ejercicio de la política y la defensa a los derechos humanos. Así, el SISEP agrupa y articula los distintos mecanismos de garantías de seguridad derivados del AFP en aras de lograr una coordinación entre instituciones para su implementación y eficacia.
El SISEP está conformado por:
• La Comisión Nacional de Garantías de Seguridad.
• La Instancia de Alto Nivel del Sistema Integral de Seguridad para el Ejercicio de la Política.
• La Comisión de Seguimiento y Evaluación del Desempeño del Sistema Integral de Protección.
• El Comité de Impulso a las Investigaciones.
• Los Programas de Protección (Programa Integral de Protección para Comunidades Rurales y el Programa de Protección Integral para las y los integrantes del partido FARC)
• Sistema de prevención y alerta para la reacción rápida.
No obstante, todos ellos presentan diversos obstáculos para su correcta implementación y no han sido socializados o materializado a nivel regional. En ese sentido, se requiere que las mismas se desplieguen al departamento de Cauca.
Otra de las instancias que se consideran clave para la creación e implementación de una política pública de garantías es la Mesa Nacional de Garantías y las mesas territoriales de garantías. La Mesa Nacional de Garantías se ha constituido como un espacio histórico de concertación emanado del trabajo realizado por las organizaciones de la sociedad civil reunidas en el Proceso Nacional de Garantías con la finalidad de establecer diálogos con el Gobierno Nacional acerca de las problemáticas de seguridad, protección y participación democrática. En específico, la Mesa se ha definido por ser un proceso de interlocución entre las instituciones del Estado y distintas plataformas defensoras de derechos humanos en conjunto con la comunidad internacional, que busca el desarrollo de estrategias y acciones en los ámbitos de prevención, protección e investigación para líderes y lideresas sociales.
¿Cuáles son las normas que las entidades territoriales deben observar para la protección de los líderes y lideresas en el departamento?
Las normas que se revindican son precisamente las que se derivan del Acuerdo Final de Paz. Una de ellas es el Decreto Ley 154 de 2017 que crea la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad (CNGS). Esta Comisión tiene como objetivo el diseño y elaboración de la política pública para el desmantelamiento de las estructuras y organizaciones sucesoras del paramilitarismo. No obstante, esta instancia también es central para la implementación del Acuerdo pues el éxito del posconflicto se relaciona en buena parte en la creación de una política criminal en contra de estas organizaciones que ponen en riesgo la ejecución de lo acordado.
En segundo lugar, se resalta el Decreto 660 de 2018 que crea el Programa Integral de Seguridad y Protección para Comunidades y Organizaciones en los Territorios el cual posee importantes herramientas en materia de protección comunitaria y organizacional, a diferencia de la típica protección estatal consistente en esquemas o mayor presencial de la Fuerza Pública. Este programa ha sido priorizado en algunas regiones.
En tercer lugar, es importante observar igualmente el Decreto 2124 de 2017 del Sistema de prevención y alerta para la reacción rápida que añade al Sistema de Alertas Tempranas un componente de respuesta rápida frente a los riesgos advertidos. Finalmente, es importante observar igualmente el de Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos que diseña herramientas específicas para los riesgos diferenciados a las lideresas.
¿Cuál es la principal propuesta de este documento?
Todas estas normativas establecidas nacionalmente requieren ser materializadas a nivel territorial. La apuesta de esta estrategia es que su discusión e implementación se realice a través de la instalación de la Mesa Territorial de Garantías como instancia central. Se considera que la Mesa a diferencia de otros espacios establecidos gubernamentalmente posee la legitimidad y las garantías de participación para las organizaciones sociales y a partir de la cual deben discutirse cada uno de estos programas.
En ese sentido, se requiere un trabajo organizativo muy fuerte de las comunidades y de las personas defensoras de derechos humanos para impulsar este espacio de Mesa Territorial de Garantías, pues no sólo debe exigirse que se instale y se reúna, sino que de ella salgan planes de acción concretos que aterricen todas estas normativas al contexto especial del departamento y según las necesidades y particularidades de los líderes y lideresas sociales en el Cauca.