Violaciones a derechos humanos en ocho municipios del Cauca, caso que avanza en la JEP

08:45 am 24-marzo

Por: Redacción fin de semana

@elnuevoliberal

Desde el momento en el que se abrió el Caso 005 en la JEP, que “prioriza la situación humanitaria de los municipios de Santander de Quilichao, Suárez, Buenos Aires, Morales, Caloto, Corinto, Toribío y Caldono”, ubicados en el norte del Cauca, el avance que se conoce, es que se han originado autos, citaciones a versiones libres y elaboración de informes municipales y regionales.

Aunque no se revelan muchos detalles del avance de este Caso, se sabe que como los otros que se han abierto, éstos forjan una “sombrilla territorial” y se “alimentan” de hechos y conductas punibles, o los más graves hechos y conductas causadas, además otorgan la posibilidad de identificar y juzgar a los máximos responsables, porque precisamente de eso se trata la justicia transicional.

Por ejemplo, para el caso del Cauca, se conoce que el Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, presentó un informe, existe otro relacionado con la afectación de la violencia en menores de este territorio, y otro informe compilado por 43 organizaciones afro del norte del Cauca; documentos que serán un insumo más para los Magistrados

“Cada caso posibilita una actuación inmediata y priorizada, eso es lo que está ocurriendo con víctimas y comparecientes de las Farc y de la Fuerza Pública, además que originan la posibilidad de activar actuaciones judiciales y de presentar informes desde las víctimas”, se señala desde la JEP.

A su vez, el Auto del Caso señala que “hasta la fecha” se refiere a esos ocho municipios, es decir en la medida en que hayan otros hechos, víctimas y presuntos responsables conexos a este caso, serán tenidos en cuenta.

La concentración de las Farc en el territorio y sus violentas consecuencias

A la ‘Sala de reconocimiento de verdad, de responsabilidad, y de determinación de los hechos y conductas’, como se denomina la dependencia a la que llegan los casos, hace cuatro meses llegó el 005, luego de que en julio se presentara el Caso 001, los cuales dan cuenta de delitos cometidos en el marco del conflicto armado y que la JEP priorizará para investigar.

No menos de 16 informes recibió la Sala con el fin de ser analizados, documentos que narran los numerosos y diversos hechos ocurridos en el Departamento cometidos presuntamente por miembros de las Farc y la Fuerza Pública entre el 1 de enero de 1993 y el 1 de diciembre de 2016. Los informes revisados por la Sala, provienen de la Fiscalía General de la Nación, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Onic, entre otros.

“El Departamento del Cauca es especialmente representativo frente al conflicto armado ya que en él han confluido todos los actores armados, los grupos sociales especialmente vulnerables (indígenas, afrodescendientes y campesinos) y las violaciones más representativas a los Derechos Humanos que deben ser investigadas y juzgadas por la Jurisdicción Especial para la Paz”, señala el Auto.

Así mismo, se da cuenta de que, sin duda, la violencia se concentró en la región del norte del Departamento, y varios municipios de la zona se convirtieron en “el centro de acciones del Bloque Occidental o Bloque Alfonso Cano de las Farc EP”.

De ahí que el número de víctimas por los diferentes hechos delictivos sea considerable, por ejemplo en estos ocho municipios, de los 42 que tiene el Cauca, se concentra la tercera parte de las víctimas del conflicto armado del Departamento, 71% de las minas antipersonales, 35% de los ataques a la población civil, 29% del reclutamiento y violencia sexual, y 26% de la población desplazada en el Cauca.

Como se ha dicho en diversas ocasiones, la JEP no podrá investigar todos los casos, por lo que se hace una priorización, y para ello se usan categorías y universos que tienen  en cuenta factores de competencia: material, temporal y personal.

De ellos, llama la atención el análisis de los “sujetos activos”, donde no solo se determina la presencia de las Farc con sus diferentes bloques, sino de la Tercera División del Ejército (Brigadas Tercera y Vigésima Novena), que surgió como respuesta a la presencia de esos otros actores, así como a la del ELN y sus columnas, y las Auc.

“La presencia de todos estos actores del conflicto tuvo un impacto masivo en la victimización de los habitantes del área, pues en los últimos 25 años han existido fuertes disputas de control territorial”, dice el documento.

Así mismo, este Caso 005 da cuenta de las deshonrosas posiciones en los ‘rankings de violencia’, que ocupa el Cauca, lo que se denomina en el documento como ‘escala de la comisión de los hechos victimizantes’, donde se señala:

“el Cauca es la zona en la cual se presentaron mayor cantidad de tomas y ataques guerrilleros, es la tercera región en el país con mayor reclutamiento de niños y niñas; es una de las cinco subregiones en las cuales se ha presentado una mayor cantidad de casos de desaparición forzada; es la región en la cual el Observatorio de Memoria del Conflicto ha reportado mayor cantidad de presuntos responsables agentes del Estado de violencia sexual; es uno de los territorios con mayor cantidad de minas antipersonales y confinamientos; y es una de las zonas en la que se hizo mayor deforestación para sembrar coca”.

El desplazamiento forzado a la población también es un hecho registrado con alto grado de victimización en esta zona del norte del Cauca, así como las retenciones ilegales e irregulares, las muertes producto del conflicto armado, los ataques a la población civil y las amenazas.

Finalmente, la Sala “estima que de la información disponible se obtuvieron elementos que permiten trazar una estrategia de gestión dinámica y progresiva de la situación territorial de la región norte del Cauca con miras a la obtención de la verdad plena, detallada y exhaustiva, para satisfacer las víctimas y las expectativas ciudadanas”.

Porque finalmente, la JEP como componente del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición creado en el acuerdo de paz entre Gobierno y Farc, y como mecanismo de justicia transicional, tiene la tarea de investigar, esclarecer, juzgar y sancionar los más graves crímenes ocurridos en Colombia durante más de 50 años de conflicto armado, y hasta el 1 de diciembre de 2016.