Una investigación innecesaria

HÉCTOR RIVEROS

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Hay gran expectativa sobre si el Consejo Nacional Electoral obvia la caducidad de la acción, que evidentemente operó y abre investigación sobre la financiación de la campaña presidencial de Juan Manuel Santos en 2010. Cualquiera sea la teoría que adopte el Consejo lo cierto es que la investigación es inútil porque los hechos están probados, la Corte Constitucional le impide investigar para preservar la estabilidad presidencial y las responsabilidades individuales no le corresponde derivarlas a ese organismo.

Como lo han revelado varios medios de comunicación en estos días, según las cuentas reportadas por la campaña de Santos a la organización electoral, en las que no aparece el aporte de Odebrecht con el que se pagaron dos millones de afiches, quedaron al ras y cualquiera hubiera sido el momento en el que ese aporte haya ocurrido –en la primera o en la segunda vuelta- si se le suman los 800 millones de pesos se supera el tope que había establecido el Consejo Electoral.

Nada que hacer, los topes se violaron, eso ya no lo discute nadie, incluso el Presidente Santos ofreció disculpas por ese hecho. El debate es sobre lo que los abogados llaman la “responsabilidad subjetiva”, es decir sobre quién o quiénes participaron en el hecho, si tuvieron la intención, si conocían, etc. En este caso el debate individual para los efectos administrativos es irrelevante, la responsabilidad recae sobre la campaña y el partido que se “responsabilizó” de la misma y no se podrá decir que para estos efectos, Prieto, encargado directamente por el candidato de asumir la conducción de la campaña no la comprometía con sus actos porque quien rendía las cuentas formalmente no se había enterado.

Está claro que cuando Prieto, en Blu Radio, hizo la confesión que hizo había calculado que a él no se le podrían derivar responsabilidades penales porque él no fue el que presentó los documentos a la organización electoral, que fue el momento en el que pudieron haberse cometido delitos de falsedad o fraude procesal. Prieto debió calcular que la acción administrativa había caducado porque habían pasado los tres años que por regla general la ley señala para la “acción sancionatoria administrativa” y así en efecto ocurrió.

El Magistrado Armando Novoa ya anticipó su posición, de cualquier manera va a construir una teoría que permita que el Consejo Electoral abra la investigación. En entrevista que dio en Blu Radio dijo dos cosas distintas pero que conducen al mismo camino: aludió a una norma de la ley 996 de 2005, que se refiere expresamente a las campañas presidenciales e invocó la expresión “en cualquier tiempo” que trae esa norma para que el Consejo revise las cuentas y ante otra pregunta del periodista dijo que la caducidad se contaba desde cuándo se había conocido el hecho es decir desde el día que confesó Prieto el asunto.

Es difícil prever si el Consejo va a acoger cualquiera de las tesis de Novoa para asumir la competencia que perdió por el paso del tiempo, o si va a atender la petición de Santos de renunciar a la caducidad, si lo hace lo único que se lograra es dejar sin piso las decisiones que se tomen en el futuro, que podrían ser anuladas por el Consejo de Estado, donde podrían ser demandadas. Es decir, un pleito interminable que asegura que las sanciones, si hay lugar a ellas, no se impongan.

Probada la violación de los topes, la pregunta es cuáles son las consecuencias jurídicas que la ley establece para esas conductas y cuál el procedimiento para establecerlas.

Pues la primera consecuencia la dispone el artículo 109 de la constitución que sin ambages señala que: la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo y agrega que la ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto.

La ley 996 de 2005 desarrolló el asunto y lo remitió al Congreso mediante la activación de lo que se denomina un “juicio político” contra el Presidente, previa la actuación de la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes.

Dice la ley: De comprobarse irregularidades en el financiamiento se impondrán sanciones de acuerdo con la valoración que hagan de las faltas, en el siguiente orden: 4. En el caso del ganador de las elecciones presidenciales, el Congreso podrá decretar la pérdida del cargo según el procedimiento contemplado para las investigaciones y juicios por indignidad política.

La denuncia la podría hacer cualquier ciudadano ante el Congreso, así que si el Consejo asumiera la competencia e incluso llegara hasta el final no agregaría mucho. En este caso claro que cabe la discusión sobre si sabía o no para derivar la “responsabilidad subjetiva”.

Sin embargo, la Corte en la sentencia (C 1153 de 2005) en la que revisó estas normas señaló que la competencia del Consejo caduca no a los tres años, sino a los 30 días que estableció esa misma norma para presentar las denuncias por violación de las reglas de financiación y fijó una especie de condición consistente en el procedimiento previo ante la autoridad electoral para activar el proceso ante el Congreso.

Además, la Corte le puso al Consejo Electoral la condición de determinar previamente los criterios de gravedad de las faltas a las normas de financiación cosa que no hizo oportunamente por lo que ahora tampoco podría actuar.

En términos simples, la Corte dijo que no se podía mantener en riesgo la estabilidad presidencial y que por tanto si no había denuncias en los siguientes 30 días a la elección, ya el Presidente no podría ser enjuiciado por esa razón, pero abrió la puerta: “los ciudadanos, entonces, podrían iniciar acciones populares para reponer la agresión contra los intereses públicos, al tiempo que la Contraloría podría iniciar los correspondientes juicios fiscales por responsabilidad de este tipo”.

En términos estrictamente jurídicos: i) ya el Presidente no podría ser enjuiciado por esta razón, aunque no falta alguien que diga que si lo puede ser por los delitos de falsedad o fraude procesal que se pudieron cometer; ii) El Consejo Electoral no tiene ninguna competencia para asumir ninguna investigación porque así lo señaló la Corte cuando revisó la constitucionalidad de la norma, pero iii) los ciudadanos o la Contraloría tienen todavía la puerta abierta