ROBERTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
En 1946 nace el Partido Revolucionario Institucional de México, no precisamente como heredero de la revolución sino para “acabar con el cardenismo”, es decir con los avances y reformas que había impulsado el gobierno de Lázaro Cárdenas (1934-1940). Y otro criterio central fue “entrar al servicio de los Estados Unidos”. Es decir, un partido para nada revolucionario.
La liberal Constitución de 1917 es hoy otra, autoritaria, neoliberal, la que ha permitido regímenes políticos saqueadores y corruptos.
El actual gobierno llegó con la promesa de “cambiar el régimen” estableciendo una nueva hegemonía, pero, sin embargo, sus críticos hablan de solo declaraciones simbólicas, de persecuciones a los corruptos y narcos pero sin mostrar resultados reales, del mantenimiento de los militarismos, de una actitud servil ante las provocaciones de Trump, y de recortes de los presupuestos a las políticas y a las organizaciones sociales. Tendrá que mejorar.
En estos días –agosto de 2020- se conoció un documento, filtrado de un expediente judicial levantado contra un alto dirigente del PRI, en el que se denuncian graves hechos de corrupción contra tres expresidentes, Carlos Salinas, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Allí se acusa, con pruebas, a estos funcionarios y a varios congresistas, de celebrar contratos estatales con sobrecostos, de agenciar privatizaciones, de recibir sobornos de Odebrecht (para agar votos en reformas legislativas, y para financiar campañas electorales, utilizando a PEMEX), de la adquisición de un complejo industrial que no sirve para nada, y otros delitos.
El Presidente López Obrador pidió a todos los mexicanos que lean el documento para que se conozcan todas las verdades, se recupere lo perdido por la nación, se reparen los daños y se revisen muchos contratos, buscando desmontar la lógica de “transar (delinquir) para avanzar”. Dijo el mandatario “una cosa es el derecho y otra cosa es la justicia … lo ideal es que fueran lo mismo, pero (desafortunadamente) hay que optar por uno u otro”. Escoge la justicia.
Por su parte, el autor del documento (Emilio Lozoya) busca que la Fiscalía mexicana “le otorgue un criterio de oportunidad, y/o una salida alternativa” respecto de las acusaciones en su contra, y por ello denuncia estos delitos mas graves, aceptando su parte de la culpa.
Lo cierto es que “todos los caminos de la corrupción conducen a Odebrecht”, como en Brasil y otros países, entre ellos Colombia y sus dos últimos gobiernos. Se trata de los corruptos controlando a los gobernantes, condicionando las reformas y las políticas, cogobernando en las ventas de los recursos naturales, desfalcando a las naciones.
Las luchas anti-corrupción, como contra el robo de combustibles en México (allá llamado “huachicoleo”) se impulsaron inicialmente, pero el gobierno de Peña Nieto suspendió su combate, generando grandes pérdidas para el Estado. En general, la idea ha sido “apoyar a quienes apoyaron las campañas”, por supuesto, con dineros oficiales, contratos.
Podría considerarse que se han conformado sendos aparatos organizados de poder, destinados a obtener beneficios ilícitos a costa de los presupuestos estatales, en los cuales los corruptos deben responder por la “autoría mediata” o culpabilidad como autores de los delitos, que son quienes conducen los hechos criminales utilizando a otros como instrumentos. Se trata de organizaciones piramidales, jerarquizadas, en las que el dirigente-delincuente se ubica en la cúspide, no está en contacto con los ejecutores, pero es quien se beneficia de los hechos criminosos.
En México dicen que “la moral es un árbol que da moras”, ¿será cierto?