Tensión en cierre temporal de almacén Exporemate

06:58 pm 09-marzo

Las autoridades aplicaron el Nuevo Código de Policía y Convivencia a un controvertido comerciante que incumplió con algunas disposiciones de dicha norma.

En el tradicional centro comercial Anarkos se vivieron momentos de tensión luego que funcionarios de la Policía Metropolitana de Popayán ejecutaran el cierre temporal de las dos sedes del almacén Exporemate ubicadas en este lugar, a raíz del comportamiento contrario de su propietario a las disposiciones del Nuevo Código de Policía y Convivencia Ciudadana o Ley 1801 de 2016.

Entre las razones que generaron la actuación de los uniformados está el no contar con los documentos del uso del suelo, como lo contempla el artículo 87 de dicha norma, así como el 192 de la misma ley y en la reincidencia en las conductas contrarias anteriormente relacionadas en un mismo año. También por una serie de readecuaciones a las instalaciones sin el debido visto bueno de las autoridades competentes.

Por eso, y de forma respetuosa pero contundente, los uniformados llegaron a este establecimiento alrededor de las 3:30 de la tarde para comunicar a su propietario las razones de este procedimiento, el diligenciamiento del comparendo sancionatorio y desde luego el cierre temporal del establecimiento comercial: tres meses en la segunda planta y diez días en la zona baja.

Llegado a esta parte de la intervención, los 45 empleados de este reconocido almacén no ocultaron su inconformidad por esta situación, catalogándola como “una persecución del alcalde César Cristián Gómez Castro hacia el señor Miguel Castillo”, el propietario del establecimiento, quien se ausentó durante la diligencia.

“Dónde están los votos que le conseguimos al alcalde en las elecciones, el dinero que le dimos para su campaña, es que eso no vale, que venga César Cristian a dar la cara y que deje en la cochina calle a los trabajadores o que durante estos tres meses del cierre los contrate para que consigan el alimento para sus familias. No señores, esto es una injusticia”, gritaban los empleados a los policías que adelantaban la actuación.

La protesta se prolongó toda la diligencia hasta que ya los policías ordenaron que desalojaran el local comercial para después ubicar el cartel de cierre.
“Esto es injusto porque acá hay 45 personas que dependen del sueldo que reciben, no estamos vendiendo vicio, no señores. Trabajamos de manera honrada, por qué el alcalde trata así a su gente”, eran las arengas de los trabajadores. A raíz de esto, se consultó a los funcionarios de prensa de la Alcaldía, respondiendo estos con un comunicado solo frente al tema de las demoliciones ilegales hechas en el sitio.

Hay que recordar que el proceso de sellamiento cuenta con la programación de la audiencia pública, donde las partes podrán realizar su derecho a la defensa.