Sistema carcelario y el hacinamiento que viven los presos en Colombia

07:50 pm 13-Agosto

Por: Gabriela Guerrero Riaño

@gabyriaog

El Sistema Carcelario debe garantizar los derechos humanos para toda la población colombiana recluida, sin discriminar si es o no una persona que ha cometido faltas graves o menores en la sociedad. Sin embargo, las cifras de ciudadanos en las cárceles del país cada vez tienden a ser más elevadas. Para el año 2017 existe un aproximado de 40 mil presos, de los cuales un estimado de 2. 500 sufren problemas mentales y requieren un tratamiento especial; situación que hace más compleja la convivencia en los centros de reclusión, y a su vez más intenso y especializado el trabajo para los funcionarios del INPEC.

La alimentación, el trabajo social y la capacitación que reciben estos ciudadanos recluidos es precaria, no logra cumplir los estándares, ni logran a ser objetivos dentro de los busca la ley para brindar un castigo o el pago de la pena ante la justicia, por el contrario, las malas condiciones en las que los presos colombianos viven diariamente hacen incrementar odios hacia la sociedad y pueden causar efectos negativos en la resocialización.

En cifras de la Defensoría del Pueblo, el 53% de las cárceles colombianas viven en hacinamiento, la  capacidad instalada en el territorio nacional no es suficiente para brindar condiciones dignas a esta población. Empero, surge el gran interrogante ante la Política criminal y penitenciaria que vive Colombia.

Actualmente, según lo investigado ante la Defensoría del Pueblo en la ciudad de Bogotá, el sistema presenta grandes falencias: “Hemos venido trabajando y generando alertas al gobierno sobre el problema de hacinamiento carcelario en Colombia, por eso hemos solicitado el cierre de la cárcel de Bellavista y Riohacha. Pero este problema no es solo del Ministerio de Justicia, sino de todo el Estado Colombiano” afirmó Carlos Alonso Negret Mosquera, Defensor del Pueblo.

La realidad es que esta difícil situación humanitaria en las cárceles de Colombia, ha llevado a la Defensoría a solicitar ante la Corte Constitucional el cierre de algunos establecimientos carcelarios y ha emitido informes a los gobernadores y alcaldes de Colombia, para que aporten en el trabajo de mejoramiento del sistema con el objetivo de mitigar el hacinamiento y buscar garantizar los derechos humanos de los reclusos.

Por otra parte,  a través del Ministerio de Justicia se ha logrado avanzar en el trabajo de articulación con la USPEC y el INPEC para mejorar condiciones en algunos centros de reclusión –cárceles y URI- del país, trabajo que no es suficiente para cambiar la realidad de los centros de reclusión, de los presos y los funcionarios del sistema.

La defensoría informó que los entes territoriales, Alcaldías y Gobernaciones, no han cumplido con las obligaciones ante el sistema carcelario para poder mejorar las condiciones de la población recluida “no pagan lo que le corresponde por cada uno de los sindicados”.

La entidad y el Ministerio de Justicia, que en el mes de julio del presente año radicaron un proyecto de Ley para mejorar las buenas prácticas de justicia y generar celeridad en los procesos, explicó que: en la actualidad existen  43 mil expedientes por daño a bien ajeno, en la justicia ordinaria. De la cifra anterior, 143 han sido condenados y 21 pagan casa por cárcel. “Promover las buenas prácticas de justicia, a través de las casas de justicia y  todo lo que tiene que ver los arreglos amigables, para no colapsar las cárceles” aseguró el funcionario.

El proyecto es apoyado por la entidad para la justicia no sea punitiva; esto significa, que se analicen los delitos de manera que no todas las conductas fuera de la ley den cárcel. La iniciativa busca una reforma del sistema que brinde la posibilidad de que los condenados presten servicios de que los construya y recapacite en el día a día, siendo útiles para la comunidad como un mecanismo sustitutivo de la pena de prisión. Esta es una de las estrategias que se ha trazado para mitigar el la crisis humanitaria y  hacinamiento de los centros de reclusión del país.

Por otra parte, Daniel Medina González –abogado caucano- que fue parte de los fundadores del Colectivo José Albear Restrepo, y  defensor delegado  de derechos humanos en Defensoría del Pueblo y mediador de conflictos carcelarios del país; explicó: “Se le ha pretendido ver a la sociedad que el problema de hacinamiento y las practicas sistemáticas permanentes de violación de derechos fundamentales de los seres humanos en los centros de reclusión, como la sistemática y permanente violación de las reglas mínimas de tratamiento de los reclusos, a que está obligado el Estado colombiano, es un problema que obedece a la falta -según el Estado- de establecimientos carcelarios. Eso no es así, esta es una sociedad enferma que cree que como en las épocas del fascismos que los delincuentes nacen delincuentes y no que la sociedad los hace delincuentes”.

Para este defensor de los derechos humanos, la hipótesis se basa en que todos nacemos iguales desde el punto de vista biológico, pero socialmente no tenemos las mismas condiciones. “Aquellos que nacen en sectores más vulnerables están condenados y fracasan en la sociedad, porque el Estado no brinda oportunidades laborales, ni de estudio, ni de formación que le permitan el desarrollo de la cultura. No hay posibilidad de crear un entorno amigable, por esto Colombia está enferma y si no se brindan soluciones terminará siendo una gran prisión”.

Evidentemente, el problema no es de más o menos establecimientos carcelarios, el problema es la ausencia de políticas públicas, donde la sanción para las personas que transgreden las normas debe ser una sanción de la sociedad, no del sistema punitivo, este cuyo fin es un instrumento para imponer las sanciones que la sociedad ha considerado para la persona infractora. “La pena debe ser impuesta para reparar el daño que ha infringido a la sociedad, pero también para resocializar al individuo que hace parte de la sociedad. En Colombia se ha considerado que a los delincuentes hay que excluirlos, por lo tanto terminan en una condición de revictimización, terminando como victimas recurrentes del Estado” añadió, Medina.

Evidentemente, en el país es importante crear una política carcelaria que sea una verdadera y auténtica política criminal, en el sistema colombiano todos los días se legisla en política penal y se crean delitos para sancionar llevando a la cárcel a más ciudadanos del común. Sin embargo, esta situación ha aplicado durante años para una parte de la población, que es la que menos oportunidad tiene y esta estigmatizada, como el señor que se roba una libra de arroz, el que roba un celular; delitos menores que son dignos del reproche del sistema. Esta es la gran población que hace parte del sistema carcelario de Colombia, pero aquellos que han robado al Estado colombiano, como los políticos corruptos que buscan solo su beneficio porque hicieron de la política un oficio de vida, este tipo de población si no es remitido a los centros penitenciarios sino que tienen un trato preferencial.

“Cada sociedad tiene la delincuencia que se merece” añadió, Daniel Medina. El problema en Colombia de la política criminal y penitenciaria muestra una gran ausencia de verdadera política criminal, razón por la cual, en las cárceles del país se refleja los grandes y verdaderos problemas de la sociedad.  La mayoría de cárceles están diseñadas para albergar un 15% de la población del territorio, no obstante, en la realidad termina albergando el doble o tripe del porcentaje de capacidad para el cual está diseñado. Concluyendo en el hacinamiento que en la actualidad vive el país, y limitando la posibilidad de trabajo en los centros de reclusión, sin educación y sin posibilidades de resocialización laboral y productivamente, por el contrario, terminan generando una perfección de los métodos para delinquir.

En Popayán el  avance de la USPEC con el proyecto de generación de cupos en el país, señala el siguiente cuadro de aproximaciones para el proyecto Popayán del 2020.

Año	Cupos
2015	1.990
2016	5.787
2017	1.208
2018	1.500

 

En la cárcel San Isidro, evidentemente se muestra un gran problema de hacinamiento y crisis social, el pasado 7 de agosto se presentó una revuelta interna donde un ciudadano recluido murió y otros cinco resultaron heridos. La situación no solo es la sobrepoblación dentro del centro penitenciario, sino la falta de condiciones para la seguridad y el mejoramiento de los reclusos; allí se vive la intolerancia y el desespero de cientos de ciudadanos que sabe  que al salir de allí nada les espera.

La situación de las cárceles, es absolutamente dolorosa y endémica, la URI tampoco tiene unas mejores condiciones, ni cupos. Aunque en el Cauca existen comunidades indígenas que tiene su propia justicia y no hablan de delitos sino de infracciones a las reglas de su comunidad, debido a que en la cosmovisión de la comunidad  no hay cárceles, la privación de la libertad no es una forma resocializadora y mucho menos por largo periodos. Ellos aplican la sanción moral, los valores que tiene su cultura, la vergüenza pública por haber cometido un delito y falta a su comunidad. Sin embargo, el número de personas en la Cárcel San Isidro es alto y siguen llegando. Es allí donde el Estado debe empezar a analizar la situación del sistema y el fondo de este problema que vive Colombia.

Finalmente, existe un problema de la política pública carcelaria y criminal, concluyendo que en Colombia cada día tenemos más delitos que llevan a las cárceles a los ciudadanos y terminan en el hacinamiento por falta de una gestión más eficiente de la justicia colombiana, donde castigan delitos menores. Por ende el Defensor del Pueblo, espera que este proyecto de Ley para el sistema agilice los procesos “Estamos seguros que va a servir y, en general, la justicia estará compensada”, reafirmó el defensor del pueblo,  Negret Mosquera.