Revocatoria: ¿control o revancha?
CHRISTIAN JOAQUI
Uno de los mecanismos de participación de los ciudadanos en la conformación y control del poder político es la revocatoria del mandato. Actualmente se surten 107 solicitudes de procesos de revocatoria de mandato en Colombia, sobre 83 alcaldes y 2 gobernadores según la Registraduría Nacional del Estado Civil (No está Popayán en estas cuentas). Si tenemos que son 1.102 alcaldes los que hay en Colombia, quiere decir que en un 7,5% de los municipios se cierne la amenaza de la revocatoria.
Temo poco a equivocarme si aseguro que uno de los factores que más ha alentado estos procesos es la modificación de los requisitos existentes en la Ley 134 de 1994.
En efecto, la Ley 1757 de 2015 disminuyó sustantivamente las cantidades de firmas que eran necesarias para iniciar un proceso de revocatoria de mandato y, asimismo, disminuyó la cantidad de votos que se requieren para que opere dicha revocatoria.
Esto da pie, sin duda, a que los grupos políticos derrotados tengan una suerte de revancha, que como tal, constituye una afrenta seria en contra de la democracia. Siempre he considerado que toda propuesta política que se someta al escrutinio del pueblo debe, ante todo, estar dispuesta a perder, pues de lo contrario se abren la puerta a medios más abyectos para lograr la victoria.
Al lado de estas consideraciones está la fuerza de la soberanía popular que puede reconocer su equivocación, sin que ello implique esperar pacientemente el cumplimiento del periodo del mandatario.
Las motivaciones pueden ser objetivas y por tanto medibles, como subjetivas y, en consecuencia de difícil determinación. El cumplimiento de las metas del programa de gobierno puede medirse, de acuerdo con los mismos indicadores en él consignados. No sucede lo mismo con la causal de insatisfacción generalizada.
La insatisfacción es una percepción y la única manera de medirla con algún grado de rigor científico sería a través de encuestas, pero al mismo tiempo no se podría dejar a las encuestas el papel que le corresponde al sufragio.
De otro lado, la opinión es ciertamente maleable y pocas cosas repugnan tanto al común de las personas como los políticos en ejericicio (al menos, más que los candidatos). Un proceso de revocatoria exige ciudadanos mejor informados que para la elección y ello conduce a que probablemente sea más costoso mantener el mandato que conseguirlo.
De los 107 procesos que lleva la Registraduría, casi la mitad (46) corresponden a departamentos de la costa caribe, cifra que llama la atención si se compara con las de los departamentos con mayor número de municipios: Antioquia y Boyacá que tienen 2 solicitudes cada uno.
Existe una coincidencia de estos datos con los que presentó la Misión de Observación Electoral en 2015, como mapas de riesgo alto por vulnerabilidades socioeconómicas e instituc. Según este criterio, las zonas de mayor riesgo son precisamente las de la costa caribe.
Si se pudiera inferir que un proceso de revocatoria requiere mejorar no tanto la cantidad, sino la calidad de la participación popular, es imprescindible que los ciudadanos podemos dejar de un lado las pasiones y nos enfrentemos a estos proceso con razones.
No obstante, sería clara la relación directamente proporcional entre vulnerabilidad socioeconómica e institucional y desconocimiento de los problemas políticos reales.
¿Tenemos en Popayán ciudadanos real y seriamente informados, que tengan la capacidad de anteponer la razón a la pasión? Una observación a las vulnerabilidades sociales podría ayudarnos a responder esa pregunta.
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