Mujeres, una mayoría mínimamente representada

Con la entrada en vigencia de la Ley 1475 de 2011, se incorporaron medidas e incentivos para la participación de las mujeres en los procesos políticos, una de ellas es la cuota del 30% de candidatas en las listas para los cargos de elección popular. Sin embargo, muchas consideran que esto es solo un “relleno” y una “obligación” para los partidos políticos. Al cumplirse cinco años de dicha ley ¿Cómo le va al Cauca?

Caloto, Villa Rica y Jambaló son los tres municipios caucanos que tienen alcaldesa. Los otros 39 municipios tienen como administrador local a un hombre. En la Asamblea Departamental no hay ninguna diputada y en el Concejo Municipal de Popayán solo hay dos concejalas, de los 19 corporados que son en total. /Fotografía: Suministrada

Por Olga Portilla Dorado

 

En el Cauca, solo tres de los 42 municipios están dirigidos por alcaldesas. En la Asamblea departamental no hay ninguna diputada, en el Concejo de Popayán solo hay dos concejalas y tan solo el 12,2% por ciento de mujeres hacen parte de los concejos municipales del resto del departamento.

Por su parte, los despachos departamental y municipal parecen sí cumplir con la ‘cuota’ femenina en sus gabinetes, pues en la gobernación del Cauca, ocho de las Secretarías están ‘comandadas’ por mujeres, y en la alcaldía Gómez Castro, también son ocho mujeres las que incluyó en los cargos más relevantes dentro de su gabinete.

Y aunque se ha avanzado mucho en cuanto a derechos y participación social y política, las deudas siguen siendo grandes para las mujeres que desde décadas atrás han luchado por ganarse un espacio en cargos importantes dentro de la política colombiana, que a la fecha aún parecen ‘inalcanzables’.

El panorama a nivel nacional, no dista mucho de lo mencionado anteriormente, pues solo 22 mujeres hacen parte del Senado de la República en un total de 102 senadores. Y en cuanto a la Cámara de Representantes, de los 166 miembros de esta Corporación, tan solo 28 son mujeres.

Así las cosas, y aunque con la Constitución de 1991, se reconoció la igualdad entre hombres y mujeres, y se determinó garantizar la adecuada y efectiva participación de la mujer en la administración pública, han sido ‘contados’ los peldaños escalados por las mujeres en la política del país.

Un primer ascenso se logró con la Ley Estatutaria 581 de 2000 o Ley de cuotas, donde se reglamentó la participación de las mujeres en los niveles decisorios de las diferentes ramas y órganos del poder público. En su artículo 4° la Ley señala que “el 30% de los cargos de máximo nivel decisorio y otros niveles en la estructura de la administración pública, deben ser ocupados por las mujeres, garantizándoles la adecuada y efectiva participación en todos los niveles de las ramas y demás órganos del poder público”.

El segundo ‘gran salto’ vino once años después, con la Ley estatutaria 1475 de 2011, donde en su primer artículo consagra la igualdad de derechos y oportunidades para hombres y mujeres que participen en actividades políticas y que quieran acceder a los debates electorales, además a quienes quieran ser representantes de algún partido o movimiento político.

Otro ‘a favor’ que tiene esta ley, es la definición del 30% de participación femenina en las listas de partidos y movimientos políticos para cargos de elección popular, tal como lo afirma su artículo 28, “las listas donde se elijan 5 o más curules para corporaciones de elección popular o las que se sometan a consulta -exceptuando su resultado- deberán conformarse por mínimo un 30% de uno de los géneros”.

De igual forma, en dicha Ley se consagra que habrá incentivos financieros para las organizaciones partidistas en proporción al número de mujeres elegidas, y un mandato que los obliga a destinar un porcentaje de los recursos estatales a capacitación y formación política para mujeres, jóvenes y grupos étnicos.

Para Elvia Rocío Cuenca, secretaria de la mujer de la Gobernación del Cauca, aunque existe la Ley desde hace cinco años, los avances son pocos pues no solo basta con que la Ley exista sino con que se le dé una real y efectiva participación a las mujeres en escenarios políticos y sociales que representen los intereses de las comunidades y obviamente los intereses de las mismas mujeres.

“Hasta el momento yo creo que la norma lo que hace es obligar a los diferentes partidos políticos para que se cuente con una cuota mínima de participación de mujeres en las listas que integran la elección de diferentes corporaciones, incluso nos hemos encontrado con casos muy complejos donde las mujeres terminan convirtiéndose en el relleno de las listas para cumplir un requisito legal. No podemos desestimar que la Ley ha sido muy importante, pero los avances significativos también dependen de las voluntades de los diferentes partidos políticos y que avancemos en procesos de capacitación de las mujeres, para que se empoderen de sus espacios y no los terminen cediendo”, señala Cuenca.

Y es que para nadie es un secreto y así lo revelan las cifras, de que la mujer sigue siendo excluida del ámbito político local, regional y nacional. “En Colombia las mujeres han estado históricamente excluidas de la esfera política. El derecho al voto solo les fue reconocido en 1953 y, desde entonces, a pesar de constituir más del 50% de la población del país, no pasan del 20% en los cargos de elección popular. A nivel nacional, el país no ha tenido una mujer presidenta, y en el Congreso de la República constituyen una minoría”, explican Diana Guzmán y Sylvia Prieto en su estudio ‘Participación política de las mujeres y partidos, posibilidades a partir de la reforma política de 2011’.

Brechas que parecen no cerrarse, a pesar de las leyes que apoyan y respaldan los procesos políticos de las mujeres, pero que sin embargo para quienes están en el medio y han logrado ser elegidas y llevar al debate político los temas que les interesan a las mujeres, aún hay vacíos y metas por las cuales luchar, capacitarse y empoderarse de las capacidades que tiene el capital femenino.

“Debe hacerse un trabajo muy fuerte con la dirigencia de cada uno de los partidos políticos, ellos deben tener no solamente el conocimiento de que existe una norma, sino que realmente deben trazar mecanismos internos de democracia, que permita que las mujeres realmente cuando participen cuenten con garantías, que no solamente es dar un aval, éste debe ir acompañado con procesos de capacitación, de empoderamiento; que ellos vean lo que realmente las mujeres le están aportando al país y que ellas tengan también esas competencias para que a la hora de ejercer en medio de esos espacios políticos puedan hacer un trabajo que dignifique el ejercicio político”, comenta la secretaria de la Mujer, Rocío Cuenca.

Por eso, al cumplirse cinco años de la Ley 1475 de 2011, las integrantes de la Mesa de Género, han sido enfáticas en sostener que si se continúa a ese ritmo, y considerando el porcentaje de incremento de las últimas elecciones, tendrían que pasar 35 años  para alcanzar la paridad en las Alcaldías (nueve períodos electorales), es decir hasta el año 2051, y sólo hasta el año 2027 se lograría la paridad en las Gobernaciones, o sea, 11 años a partir del 2016.

Para la Mesa de Género, es indispensable tomar medidas, ya que hoy las mujeres constituyen la mitad de la población de Colombia, son el 58% de quienes se gradúan de todos los niveles de educación superior, representan el 52% de los electores, constituyen las bases de los partidos y movimientos políticos.

Así mismo señalan que cinco años después de las medidas iniciales de la Ley 1475 es imprescindible reforzar y consolidar los compromisos de los partidos y movimientos políticos para garantizar la inclusión y representación política de las mujeres. “Los principios de paridad, alternancia y universalidad que fueron incorporados en el año 2015 a la Constitución colombiana deben ser reglamentados y deben ser incorporados en toda la agenda de reformas políticas, electorales e institucionales que se avecinan para Colombia”.