Más de 15 mil familias caucanas se han acogido al programa para sustituir cultivos ilícitos

Por: Olga Portilla Dorado

@olguitapd

Un total aproximado de 7492 núcleos familiares del municipio de El Tambo, fueron los primeros en firmar el Acuerdo Colectivo para la sustitución voluntaria y concertada de cultivos de uso ilícito del Pnis.

No en vano, este municipio, según el último informe del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos (Simci) de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc), es el que más hectáreas de coca tiene sembradas en el Cauca. El informe habla de 5.300 hectáreas, sin embargo en el documento firmado el pasado 2 de marzo por parte de los delegados del gobierno nacional, el gobierno departamental, las Farc EP, el alcalde, y representantes de las organizaciones sociales, productivas y Juntas de Acción Comunal, esas 7492 familias, tienen aproximadamente 7.252,5 hectáreas de coca sembradas.

Después de la labor realizada en El Tambo, el mismo ejercicio se hizo en Miranda, municipio donde el cultivo de uso ilícito que prevalece es la marihuana, y aunque según los entes oficiales, como la Unodc, en el país no se ha desarrollado una metodología censal que permita conocer el área sembrada con marihuana; el reporte entregado por la Policía Nacional, a diciembre de 2016, señala que fueron 95 hectáreas detectadas por medio de sobrevuelos, de las cuales 69 están en el Cauca, en 36 de sus 42 municipios.

Según el informe de monitoreo, el 3% se concentra en Miranda, pero dada la variación que presentan las cifras en “el papel” y en campo, el porcentaje de hectáreas de marihuana sembradas en este municipio podría ser mayor. En Miranda y bajo la mirada de miles de personas el Acuerdo Colectivo para la sustitución voluntaria y concertada de cultivos de uso ilícito también se firmó, y según quedó establecido son aproximadamente 1300 núcleos familiares que se acogieron al Pnis.

Las firmas más recientes de estos acuerdos voluntarios se hicieron en el resguardo indígena de Jambaló y en el municipio de Corinto. Hasta la vereda Loma Redonda (Jambaló), llegarían más de 4.000 comuneros para participar en la Asamblea Comunitaria que tuvo como objetivo la firma del acuerdo colectivo e institucional para la sustitución voluntaria y concertada de cultivos de uso ilícito, donde se beneficiarán más de 4.600 familias, que tienen un estimado de 1.010 hectáreas sembradas con estos cultivos.

“Jambaló ha sido un municipio muy afectado por el conflicto, fueron más de 200 bombardeos, cientos de niños reclutados y otro tanto número de abusos sexuales por parte de los distintos actores armados. Por eso vemos que con esa puerta de la paz, es muy importante que entremos en procesos de posconflicto con una estrategia que permita reconstruir el tejido social de nuestras comunidades. Aplaudimos que el pasado lunes, después de un intenso y juicioso trabajo que contó con ocho pasos de metodología propia, se consolidó la firma de los acuerdos como una estrategia de consulta previa de acuerdo a los procesos autonómicos que tienen nuestras autoridades”, indicó Flor Ilva Tróchez, alcaldesa de Jambaló.

Según el Acuerdo colectivo que se firmó en este municipio “se suscribe sobre el reconocimiento por parte de la comunidad que en el territorio hay en la actualidad aproximadamente 4683 núcleos familiares afectados por cultivos de uso ilícito y estiman 1.010 hectáreas de cultivos de uso ilícito relacionadas así: 38 veredas, 2203 cultivadores de plantas de uso ilícito, 1.343 familias recolectoras de hoja de coca, y 307 familias recolectoras de marihuana”.

De otro lado, el parque principal de Corinto fue el escenario propicio, para que miles de corinteños se reunieran el pasado viernes con el Consejo Municipal de Sustitución de cultivos de uso ilícito, sectores y organizaciones sociales, junto al gobierno nacional y delegados de las Farc EP así como de la Fuerza Pública, para firmar el acuerdo de sustitución de cultivos de uso ilícito en esta localidad.

Desde las 9:00 de la mañana, hasta pasadas las 3:00 de la tarde, comunidades y autoridades socializaron el acuerdo y coincidieron en que la mayor esperanza está en que “el gobierno nacional nos cumpla y las comunidades sean las principales beneficiarias de este programa”, fue lo que dijo el alcalde de este municipio Edward García.

De acuerdo con Walter Aldana, coordinador en el departamento del Cauca de la Dirección para la sustitución de cultivos ilícitos, en Sucre también ya se firmó y en Cajibío ya hay un preacuerdo. Esta semana se realizará la firma del acuerdo en el municipio de Balboa, posteriormente en Mercaderes, Patía y Balboa, hasta lograr los 22 municipios que en el Cauca se tienen para la sustitución voluntaria.

Así está planteado el Pnis y sus beneficios para las familias caucanas

En diálogo con Walter Aldana, quien es el encargado en el Cauca de dirigir el tema de la sustitución de cultivos ilícitos en el marco del Programa Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (Pnis) que lidera la Presidencia de la República y su oficina de la Alta Consejería para el Posconflicto; señala que la sustitución voluntaria es la mejor apuesta para ‘erradicar de raíz’ la resiembra de cultivos de uso ilícito en el país, ya que si se cumple lo pactado con las comunidades y se les asegura el desarrollo en estos territorios, las familias cultivadoras y recolectoras no tendrán que volver a la coca, marihuana o amapola, porque sus proyectos productivos les darán su sustento económico.

Claro, los resultados no podrán cosecharse al corto tiempo, pero Aldana confía, y así es la apuesta del Pnis, de que sí sean duraderos y garantes de una economía que perdure y que les permita a estas familias campesinas, indígenas y afros, solventar sus necesidades y mejorar su calidad de vida, al mismo tiempo que están contribuyendo con la solución del problema de las drogas y el narcotráfico en el país.

Walter, explica con entusiasmo la ruta que siguen las familias que se han acogido y que se espera se acojan a la sustitución voluntaria, “lo primero que hacemos es una caracterización de los municipios, luego hablamos con las autoridades locales, con las organizaciones sociales y sus líderes, y les contamos sobre el Programa de sustitución de cultivos, luego vamos a hacer una socialización, es decir una asamblea municipal donde se define trabajar un censo provisional para saber cuántos son los beneficiarios y finalmente se hace otra asamblea donde se firma el acuerdo colectivo”.

En ese acuerdo colectivo está la expresión de voluntad de la comunidad de esos municipios de entrar al programa, el cual es una de las formas que el Gobierno Nacional y las Farc EP acordaron en La Habana sobre cómo solucionar el tema de las drogas ilícitas en el país.

El Plan Nacional Integral de Sustitución (Pnis) tiene  tres componentes: el Plan de Atención Inmediata Integral (PAI), el Plan de Atención Comunitario (PAC) y Desarrollo territorial. Según explica Walter Aldana “el PAI atiende a las familias productoras de hoja de coca, marihuana y amapola, con la siguiente consideración: los pequeños productores de hoja de coca, marihuana y amapola, no son narcotraficantes, los narcotraficantes son los que la procesan, la transforman, la transportan y la comercializan”.

Por eso, la prioridad en ese Plan de Atención Inmediata es atender a esos núcleos familiares para que salgan de esa actividad ilegal a actividades productivas legales. Claro, la tarea no ha sido fácil, pues el nivel de desconfianza en el Estado es aún grande y las experiencias de programas anteriores que trajeron errores y no perduraron en el tiempo hacen que sea difícil llegar y convencerlos de que es una buena alternativa.

Continuando con la ruta, está establecido que firmado el acuerdo voluntario, se crea el Consejo Municipal de Planeación y Participación y una comisión de seguimiento, que son los encargados de elaborar el Plan Integral de Sustitución y Desarrollo (Pisda), donde confluyen todos los planes que hay en el municipio (plan de desarrollo, plan ambiental, plan de vida de las comunidades indígenas, plan de etnodesarrollo de la comunidad afro, planes agroalimentarios, lineamientos productivos de las zonas de reserva campesina, etc); todo un plan de desarrollo en el marco de la sustitución.

“Construido esto, el gobierno tiene un mes para evaluar el censo que le pasa la comunidad, pasado ese tiempo el gobierno lo devuelve con sus anotaciones, pero se hace una Asamblea comunitaria de validación para confirmar o no los beneficiarios. Depurado ese censo por las comunidades, el gobierno hace el primer desembolso de 2 millones de pesos que equivale a dos meses del PAI”, explica Aldana.

Pero como este acuerdo de sustitución es algo así como un gana-gana, entregado el primer aporte monetario, la comunidad queda con unas tareas: levantar las matas (coca, marihuana o amapola) en los siguientes dos meses, preparar el terreno tanto para la huerta casera como para el proyecto de ciclo corto, y comenzar a implementarlos, además de participar en las actividades que las asambleas comunitarias determinen como una necesidad para transformar territorios.

En lo que tiene que ver con el Plan de Atención Comunitario, este se traduce en que es necesario generar proyectos productivos, proyectos para la tercera edad, guarderías infantiles, brigadas de salud para estos territorios; y en el tema de Desarrollo Territorial, la apuesta es que no basta con apoyar a los núcleos familiares que se acojan al Programa sino que se deben mejorar las condiciones de su entorno, entonces hay que mejorar las vías, la salud, la educación; necesidades fundamentales para transformar estas zonas.

La meta es lograr la sustitución de 50 mil hectáreas de cultivos ilícitos en el país, así como con la otra estrategia de gobierno que es erradicar (forzosamente) otras 50 mil hectáreas; sin embargo desde el programa de sustitución se está en coordinación con la Fuerza Pública para que donde hayan acuerdos no haya erradicación y no se pierda la poca confianza que se ha venido construyendo.