Los niños y las pensiones públicas

CHRISTIAN JOAQUI

chris@joaquiabogados.co

En un artículo publicado en 2013, (Children as public goods?) Serena Olsaretti, Filósofa e investigadora en la universidad Pompeu Fabra de Barcelona, realiza una revisión de los argumentos pro y en contra sobre el deber de compartir los costos de crianza de los niños, entre quienes son sus padres y quienes no. Bajo una mirada del principio de justicia como equidad H.L.A. Hart y reformulado por John Rawls, se podría sostener que el trabajo de los padres genera unos beneficios a la sociedad en tanto que constituirán fuerza de trabajo, aumentarían la base de contribuyentes de impuestos y de ellos dependerán las pensiones de los jubilados y, en razón a ello la crianza de los niños genera una externalidad positiva a la sociedad, y por ello todos, incluidos quienes no son padres, deberían pagar por esos beneficios.

En mi corta experiencia como padre he reflexionado sobre el papel que debemos cumplir en la formación de los niños. Ciertamente la crianza constituye un esfuerzo representado no sólo en el costo económico que ello implica (salud, educación, vestido…), sino también en la disminución de la productividad (especial y generalmente de las madres), en la reducción de las opciones de trabajo, en el esfuerzo físico que demanda el cuidado de los niños, etc.

En la actual sociedad las familias son menos numerosas. En Cauca, por ejemplo, entre 1985 y la estimación de 2020, la tasa de fecundidad, según el Dane, descendió de 4,19 a 2,61 hijos por mujer. Probablemente uno de los factores que contribuyen a esa disminución es precisamente los crecientes costos de crianza de los niños.

Una consecuencia será la mayor proporción de personas de la tercera edad, respecto de las que son laboralmente activos. En Colombia, las personas mayores de 70 años pasarán de 790.000 en 1985, a 2.800.000 en 2020. Eso representa un aumento de más de 270%.

No obstante es necesario reconocer que las decisiones sobre reproducción generalmente no están al alcance de todos los miembros de la sociedad. La desigualdad en la distribución de la riqueza y del ingreso influye en embarazos no deseados, en conformación de familias monoparentales (especialmente mujeres), creencias religiosas, la carencia en educación sexual y reproductiva. En 2016, por ejemplo, uno de cada dos nacimientos registrados en Colombia fueron de mujeres que tenían menos de 24 años.

Un paso hacia la construcción de una sociedad más igualitaria en la distribución de las cargas requeriría un mayor esfuerzo para el reconocimiento de los beneficios sociales de la maternidad. Entre otros mucho esfuerzos sociales, creo que es imprescindible la reducción de las semanas de cotización necesarias para acceder a la pensión, para aquellas que han sido madres. Pasar de 1300 a 1000 las semanas requeridas, representarían los cinco primeros años de un niño, que son fundamentales para tener adultos útiles a la sociedad.