Las dudas de la Contraloría, más allá de asaderos y spas

Las declaraciones de la Contraloría General de la República ya hablan de posibles hallazgos disciplinarios, fiscales y penales.

Reinaldo Hoyos Molina

@comunicauca

La Corporación Creatic ha servido como un espacio importante para impulsar la empresa y la innovación del departamento, según lo reconocen varios ciudadanos. Además, por sus resultados, ha logrado distinciones nacionales. Foto: Suministrada.

La Contraloría General de la República (CGR) ratificó sus dudas, convertidas ahora en hallazgos, que posiblemente pueden tener implicaciones fiscales, disciplinarias y penales, en el desarrollo del Convenio 1194 de 2013, que tenía como objetivo el “Fortalecimiento de Capacidades de las Empresas de Base Tecnológica en TIC del Cauca para competir en un mercado global”.

El Nuevo Liberal tuvo acceso a los documentos de traslado de los hallazgos desde la CGR hacia la Dirección de Fiscalías del Cauca y a la Gerencia Departamental Colegiada del Cauca, en donde se explican las dudas del ente de control. Por un lado, los hallazgos con presunta responsabilidad fiscal y disciplinaria ascienden a más de $180 millones; mientras que los hallazgos con presunta responsabilidad penal ascenderían a $165 millones.

¿Qué fue lo que encontró la CGR a la hora de revisar el desarrollo del proyecto con el que se buscaba mejorar las capacidades tecnológicas de emprendedores y empresas caucanas?

Inhabilidad y conflicto de intereses

El 20 de febrero de 2017 a las oficinas de la seccional de fiscalías del Cauca llegó el documento de la CGR donde advertía de posibles irregularidades por “inhabilidad y conflicto de intereses” en contrataciones derivadas del convenio 1194 de 2013.

En primera instancia, hace referencia a dos contrataciones llevadas a cabo, según la contraloría, el mismo día. El contrato 001 y el 004 del 1 de enero de 2014; todo en el marco del proyecto general financiado por el Sistema General de Regalías.

El asunto es que el primer contrato (el 001) fue dado por el señor Andrés Fernando Maya Santacruz (Presidente de la Junta Directiva de Parquesoft en ese entonces) al representante legal de la Corporación, Cesar Daniel Samboní. Contrato que tenía un costo de $36 millones. Pero además, Cesar Daniel Samboní, otorgó el segundo contrato (el 004) al señor Andrés Fernando Maya, por un valor de $72 millones.

Este hecho podría considerarse como evidencia de una estrategia de ‘toma y dame’, al interior de la Corporación Parquesoft en el marco del convenio 1194 de 2013. Pero la última palabra sobre estos hechos la tendrán de las entidades de control.

“Cabe resaltar que según el Certificado de existencia y representación legal de la entidad sin ánimo de lucro: Corporación de incubación y fomento de Empresas de base tecnológica — Parquesoft, dentro de las funciones de la Junta Directiva no se encuentran la de suscribir contratos, sino la de “autorizar al Director Ejecutivo para celebrar actos o contratos que excedan sus atribuciones”, es decir, el señor Maya Santacruz no tenía competencia para suscribir el citado contrato 001-2014”, dice el documento.

Lo cierto es que los contratos en cuestión estaban pensados para 12 meses; pero a los cuatro meses, tanto el representante legal como el presidente de la junta directiva, renunciaron a los contratos. Sobre este asunto no hay mayor claridad.

¿Supervisor y ejecutor a la vez?

Por otro lado, otro de los asuntos que ha solicitado investigar la CGR es que, al parecer, el señor Alex Humberto Tello Hoyos fue supervisor y a su vez ejecutor del convenio 1194.

Esto lo concluye la entidad de control después de haber revisado dos contratos en especial. El primero, el 397 del 22 de enero de 2014, que realizó Tello Hoyos con la Gobernación del Cauca, “para prestar servicios profesionales como contador público (…) actividades de verificación y seguimiento de estados financieros (…) realizados con recursos del SGR”, reza el documento. Tenía un valor de $36 millones y se desarrollaría por 12 meses y en el marco del convenio en cuestión.

Pero a su vez, el mismo Alex Humberto Tello habría sido contratado el 24 de octubre del mismo año por la Corporación Parquesoft, ejecutora del convenio 1194, para desarrollar uno de los puntos del proyecto que él mismo estaba supervisando. Su tarea tenía que ver con “asesorías financieras y contables” junto con la creación “de una estrategia de negocios”.

“Por lo tanto, el señor Alex Humberto Tello Hoyos como contratista del Departamento del Cauca efectuó apoyo en la supervisión de la ejecución del convenio 1194-2013 el cual es financiado con recursos públicos de regalías administrados por la Corporación Parquesoft, entidad de la cual también era contratista, y el contrato suscrito con dicha Corporación era financiado con los mismos recursos públicos. Es decir, al mismo tiempo era ejecutor y supervisor del convenio”, se asegura en el documento que desde febrero tiene la Fiscalía.

Los otros asuntos

Como ya se conoció, también hay dudas que podrían ser de carácter disciplinario o fiscal. Como es el caso de la formación en inglés del señor Jairo David Daza, director del proyecto cuestionado por la contraloría.

Según el ente de control, habrían dos dudas: la primera, por qué se utilizaron cerca de $36 millones para la formación en inglés en el exterior de David Daza; dineros que habrían salido de un monto de $400 millones que iban a ser destinados a la formación en inglés de 400 emprendedores.

Y segundo, si el director del proyecto, Jairo David Daza, necesitaba de la formación en inglés, entonces no era idóneo para ocupar ese cargo, toda vez que el objetivo general era “fortalecimiento de Capacidades de las Empresas de Base Tecnológica en TIC del Cauca para competir en un mercado global”, donde el idioma inglés es la regla general, argumenta la CGR.

Y así mismo en otros asuntos, como la supuesta utilización de dineros “en gastos improcedentes” al parecer también realizada por Daza, son los que movieron a la CGR a trasladar estos hallazgos a la entidades de investigación disciplinaria y fiscal local, que juntos suman cerca de $180 millones.

El Nuevo Liberal buscó dialogar con las personas que se mencionan en estas indagaciones, pero no se recibió respuesta de la mayoría de ellos. Solo Cesar Andrés Samboní expresó que “por ahora no daré ningún tipo de información adicional a la del comunicado. En su momento hablaremos sobre lo que sea necesario”.

Al comunicado al que se refiere es uno que se envió en el día de ayer a las 10:00 de la mañana, en donde se dice que la Corporación Parquesoft respeta el ejercicio de control de la CGR, pero que la ejecución ha sido “transparente y conforme a los propósitos del proyecto”. Además, habla del impacto que ha tenido la puesta en marcha del mismo y dicen estar dispuestos a entregar la información que sea necesaria.

Lo cierto de todo este asunto, que apenas está en la fase hallazgos, es que ahora la responsabilidad de aclarar lo sucedido será de las autoridades (Fiscalía, Contraloría y Procuraduría). Solo en las investigaciones que estas entidades realicen se sabrá si los dineros de este proyecto de Ciencia, Tecnología e Innovación del Sistema General de Regalías, fueron o no mal invertidos.