La Rejoya, quince años después de la masacre
Olga Portilla Dorado
La vereda la Rejoya es el primer sujeto colectivo que ha sido reconocido por el estado y al cual la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha acompañado en la construcción de su Plan de reparación que contiene 33 medidas. La comunidad sufrió ruptura de su estructura y tejido social tras la masacre ocurrida en enero del 2001 a mano de miembros de las AUC./ Fotografías Cristián Méndez.
En febrero de 2000, las AUC anunciaron públicamente un plan para avanzar al Cauca. En una carta a los alcaldes de la zona, con copia para el Gobernador. “Cualquier ciudadano o autoridad civil, que brinde cualquier tipo de colaboración a la subversión a partir de nuestra llegada al departamento del Cauca, será declarado objetivo militar”, avisaba la carta.
“Piérdanse de aquí o los matamos también a ustedes partida de guerrilleros”, esa es la frase que aún retumba en la memoria de Carlos Peña*, además todavía recuerda los disparos, los gritos desesperados pidiendo auxilio y suplicando no los mataran, y el inconsolable llanto de más de 50 campesinos que venían junto a él en ‘la chiva’.
Han pasado 15 años y recordar estos hechos le traen nostalgia y miedo. Poco quiere que se conozca su historia, pues él es uno de los sobrevivientes de la masacre de la Rejoya, hecho que marcó la vida de esta comunidad y de los habitantes de Cajibío, Cauca.
Era la 1:45 de la tarde cuando el bus escalera (‘chiva’) llegó hasta la zona conocida como Loma de los Aguacates en la vereda a Rejoya ubicada a no más de 15 minutos de Popayán. El vehículo venía lleno, tanto de pasajeros como de carga, el conductor y sus dos ayudantes en primera fila. Ninguno de ellos imaginaba que la llamada que recibieron a la 1:30 p.m. cuando estaban en el barrio Bolívar sería la confirmación de la ruta de su muerte.
Según testigos, la llamada le indicó al conductor de la chiva que debían recoger unos pasajeros en la Rejoya, “que no se fuera a ir por otra vía”; sin embargo para ir de Popayán hasta El Rosario, Cajibío, ese era un camino “obligado”.
Carlos Peña, quien aún le agradece al señor de los Milagros de Buga por estar vivo, recuerda como un hombre se paró en medio de la carretera y apuntando con un arma detuvo el vehículo. En ese momento, él, el conductor y varios de los ocupantes pensaron era un atraco, pues un mes antes había sucedido lo mismo, pero en el sector de la bajada del río Palacé; ese día no hubo víctimas, solo los robaron. Cuando los ocupantes de la chiva se preparaban para recibir la orden de entregar sus pertenencias, la sentencia fue otra: bajarse y tirarse al suelo boca abajo.
Hombres, mujeres y niños obedecieron, pues los insultos y la amenaza de cinco hombres armados no los hizo dudar. Carlos no recuerda si los llamaron a los 9 que murieron o los ‘escogieron’ a la suerte, solo tiene en su cabeza que a la décima víctima, el destino no lo ayudó, era un transeúnte que inocente de lo que pasaba cayó y murió como los otros campesinos.
Esa persona de la que habla Carlos es José Luis Campo Imbachí, un joven de 20 años, quien había prestado su servicio como auxiliar de policía, y justo ese 15 de enero, la vida lo hizo testigo de la masacre, pero también lo convirtió en uno más de los asesinados.
“Él venía de estudiar, iba en su bicicleta para la casa, pero como se encontró con el caso ahí en el camino, le tocó parar, y solo por haber visto lo que pasaba lo mataron”, recuerda Gildardo Campo su padre. José Luis, era el único que no venía en la chiva, a él el destino le jugó una mala pasada. También era el único que vivía en la Rejoya, las demás victimas venían de diferentes veredas de Cajíbio como la Balastrera, El Recuerdo, La Meseta, Cajones y Guangubio.
Cada una de las víctimas recibió un ‘tiro de gracia’, excepto el conductor de la chiva, a quien le dispararon en tres ocasiones, con la fortuna de que ninguna comprometió su vida. Con la ayuda de algunas personas logró ser trasladado al Hospital San José donde los médicos no le daban esperanzas de vida, sin embargo su esposa y familiares fueron ‘tercos’ y lo trasladaron a Cali. Dos meses y medio después de estar en cuidados intensivos, salió y se salvó de haber sido el número once en la lista.
De los demás ocupantes de la chiva se conoce poco, solo algunos testigos que venían de El Rosario y de otras veredas aledañas cuentan que los veían correr, con los zapatos en la mano y confundidos por el temor de que los mataran. Días después, varias familias se vieron en la necesidad de abandonar sus casas, dejaron animales y tierra para ir a la ciudad en busca de protección, pues para ellos el terror no había pasado.
“La gente de El Rosario salió asustada porque los rumores era que volverían allá a buscarlos para matarlos, decían que tenían listas de gente que colaboraba con la guerrilla, por eso muchos de los que vivíamos por allá salimos, el pueblo se acabó”, dice Rita*, familiar de una de las víctimas de la masacre.
El terror que sembraron las Auc
De acuerdo al informe ‘Los Lazos que Unen: Colombia y los Lazos Militares-Paramilitares’, publicado en el año 2000 por Human Rights Watch, desde 1999 la tercera Brigada del Ejército de Colombia ayudó a establecer un grupo paramilitar llamado Bloque Calima. Igualmente señaló que la Fiscalía General ha recopilado pruebas precisas de la vinculación del Frente Calima con oficiales militares en servicio activo, retirados y en la reserva asignados a la Tercera Brigada; con terratenientes locales, y con paramilitares contratados de las filas de las AUC.
Así mismo, según información judicial suministrada por una de las abogadas que investigó el caso, la masacre de la Rejoya fue un hecho que “se auto atribuyó el comandante Carlos Castaño jefe de las AUC”, además según registra el proceso judicial, hay serios indicios de la participación en los hechos de efectivos de las fuerzas militares en coordinación con paramilitares.
Y es que la masacre de la Rejoya, aunque fue la primera que ocurrió en el Cauca en ese año, no fue la única que ejecutaron miembros de ese grupo al margen de la ley, años atrás ocurrieron masacres en la Pedregosa y el Carmelo, que junto a la de la Rejoya arrojaron un saldo de 300 familias desplazadas de manera forzada hacia las ciudades de Cali y Popayán, y los municipios de Santander de Quilichao y Piendamó en el Cauca.
El temor después de las masacres, especialmente de la de la Rejoya se apoderó no solo de los cajibianos, sino de la población que residía en esta vereda, y es que a pesar de que en el 2001 la zona a orillas de la carretera donde se cometió la masacre no estaba habitada, desde esa época el buen nombre y el tejido social de la Rejoya se perdieron.
“Hubo un daño en la estructura organizativa que tenía esta comunidad, porque parte de las personas que fueron asesinadas tenían que ver con el mantenimiento de la organización campesina, eran líderes comunales, personas encargadas de los temas de deporte, gente que era importante para la comunidad; entonces el daño colectivo tiene mucho que ver con la cultura, el territorio, las personas que son referentes importantes para esa comunidad y en ellos hubo un daño severo”, afirmó Claudia Patricia Cano, coordinadora de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) para el Cauca.
La reparación colectiva
El pasado martes y en el marco de la conmemoración del ‘Día nacional de la memoria y la solidaridad con las víctimas del conflicto armado’, representantes de varias instituciones del departamento, ONG, y la comunidad de la vereda la Rejoya se reunió en un acto simbólico para recordar a las víctimas de la masacre ocurrida hace 15 años.
Con una procesión desde el sitio donde está una lápida blanca que tiene escritos los nombres de las víctimas de la masacre, inició una procesión hasta la iglesia de la vereda, ahí se ofreció una misa en memoria de las víctimas, posteriormente hubo un ritual del fuego para hacer memoria, pero además para celebrar el día en que, luego de tres años, la Rejoya se convirtió en el primer sujeto colectivo en Popayán, con derecho a la reparación como víctima del conflicto armado.
“Este es un ejercicio de reparación colectiva que busca reconstruir y reestablecer el tejido social de la comunidad de la vereda la Rejoya. Aclaro, el único hecho victimizante no fue la masacre, también se dieron otros hechos: desplazamientos, amenazas contra algunos líderes, algunos temas de secuestros que se hallaron en la zona, entonces lo que buscamos nosotros es que con toda esa serie de hechos podamos reestablecer y reconstruir ese tejido social”, expresó Jorge Vásquez, director departamental de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas.
Por su parte Claudia Cano, coordinadora para Cauca de OIM, manifestó que para Popayán, la vereda la Rejoya es el primer sujeto colectivo que ha sido reconocido por el estado y al cual la Unidad Nacional para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas ha acompañado en la construcción de su plan que contiene 33 medidas, de esas existen principalmente dos que tienen que ver con la verdad y la reparación simbólica; las otras medidas del plan de reparación colectiva contemplan la reconstrucción de su buen nombre, reconocimiento de víctimas, que se pida perdón por parte de los victimarios, el mejoramiento de infraestructura educativa, mejoramiento de la vía, acceso a transporte urbano, entre otros.
Lo que sigue para esta comunidad es la gestión de recursos por parte de la nueva administración municipal para ejecutar ese plan de reparación, y en el marco de un escenario de paz garantizar la reparación integral de todas las víctimas de la masacre de la Rejoya.
Reparación individual
En medio de la noticia de la medida de reparación colectiva para la comunidad de la vereda la Rejoya, en el acto simbólico que se realizó donde ocurrió la masacre había un rostro que miraba con tristeza y asombro lo que pasaba. Acompañada por uno de sus hijos, Ofir Montenegro, madre de Wilmar Camayo Montenegro, joven de 16 años quien también fue asesinado en esa masacre, se preguntaba por qué ellos como familiares de las víctimas no fueron invitados al acto.
“Nosotros conmemoramos los 15 años en enero, la fecha real. De pura casualidad me enteré y estoy sorprendida de por qué no nos avisaron a los propios implicados, a quienes perdimos los familiares que somos once: 10 muertos y uno que quedó enfermo. Yo a ellos no los he visto aquí y me extraña de que si en tres años han estado haciendo todo esto, no hayan tenido la gentileza de invitarnos”, dijo doña Ofir.
Sobre la reparación individual de este hecho, la Unidad de Víctimas conoce poco y de acuerdo al director departamental, él personalmente no ha conocido casos de familias que digan “a mí no me repararon”, sin embargo tras conocer el caso de doña Ofir, quien dijo no haber sido reparada luego de 15 años, el compromiso por parte de la Unidad fue revisar el caso.
*Nombres cambiados
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