La ‘parálisis’ de Movilidad Futura

06:01 pm 29-Junio

El Nuevo Liberal conoció el informe de la actuación de fiscalización que la Contraloría General de la República le hizo a Movilidad Futura. Dos conclusiones resaltan en el informe: que la implementación del sistema tiene un atraso de más de dos años y que la gestión de la entidad ha sido deficiente.

Por: Edinson Arley Bolaños

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La actuación de fiscalización que se realizó en el primer semestre de este año y que ya conoce Movilidad Futura, (ente gestor del Sistema de Transporte de Popayán) determinó 26 hallazgos administrativos, de los cuales uno presenta connotación fiscal por $79 millones de pesos, dos con presunta incidencia disciplinaria para traslado a la entidad competente y uno para traslado al Archivo General de la Nación.

En síntesis, lo que evidencia el documento de 48 páginas, son las falencias de planeación, ejecución, seguimiento y control que llevaron al incumplimiento de las metas físicas por parte del Ente Gestor. Así las cosas, la entidad que fue creada en 2009 para implementar el sistema de transporte de la ciudad, según la Contraloría, tiene más de dos años de atrasos para la implementación y operación del sistema y que a 31 de diciembre de 2013, es decir 4 años después de haber iniciado la gestión, “la ejecución global asciende al 4.9%, cifra que evidencia una gestión ineficiente e ineficaz de Movilidad Futura”.

De entrada, uno de los hallazgos más importantes que señala el ente de control tiene que ver con la ejecución del proyecto. Es de carácter administrativo y derivó de la presentación inoportuna de los Informes de Avance Técnico del Proyecto, del informe de necesidad de Recursos, aprobación del Plan de Adquisiciones y del Plan Operativo Anual de inversiones, que impidieron el giro oportuno de los recursos de la nación.

En ese sentido, la responsabilidad recae en Movilidad Futura, pues según dijo el delegado del Ministerio de Transporte en el Comité Fiduciario 01 del 23 de mayo de 2012, “no hubo oportunidad en la presentación de dichos informes fundamentales para la ejecución del proyecto”.

Así las cosas, el resultado de lo que la Contraloría ha denominado falta de planeación, llevó a que el giro de los recursos de la Nación correspondientes a la vigencia 2011, por $15.863 millones, se realizara el 18 de diciembre de 2012, y el correspondiente a la vigencia 2012, el 19 de diciembre de 2013.

Por lo anterior, los recursos de la vigencia 2013 por $28.886 millones, fueron liberados del presupuesto del Sistema de Transporte de Popayán, por falta de ejecución en la vigencia correspondiente, de acuerdo con el oficio del 29 de enero de 2014 remitido por el Director General de Crédito Publico y Tesoro Nacional al Ministerio de Transporte.

Así mismo, la Nación, ante la evidencia de que el giro de los recursos de la vigencia 2014 sería utilizado para cubrir los costos de la vigencia 2015, realizó una reprogramación de sus aportes correspondientes a la vigencia 2014, por $37.380 millones para girarlos en el año 2017, “buscando una eficiente ejecución de los recursos”. Y hasta ese punto se completarían $80.771 millones de los $190.420 millones, que es la cofinanciación de la Nación para la construcción del sistema de transporte.

Siguiendo en la línea de lo que el ente de control ha denominado ineficiencia de la entidad, el hallazgo administrativo con connotación disciplinaria está en lo que encontró la funcionaria de control interno que apenas fue vinculada en octubre de 2013. Según el informe, Movilidad Futura no presenta varios sistemas que integran el Modelo Estándar de Control Interno (MECI), entre otras cosas mencionan la falta del Manuel de Procesos y Procedimientos, Manual de Contratación, Manuel de Interventorías y además se enfatiza en que no se trabaja en equipo con el revisor fiscal, entre otras consideraciones que estarían generando deficiencias en las áreas al no contar con indicadores de evaluación.

Un capítulo aparte tiene el tema que colocó en jaque la ejecución de obras, principalmente de las vías del SETP, cuando se empezó a evidenciar que el Consorcio Vías Popayán no avanzaba en la pavimentación de los tramos que tenía contratados. El informe revela la ejecución en que quedaron las obras, el abandono en que se encuentran y también los anticipos y presunto detrimento patrimonial que podría generar la liquidación del contrato de interventoría sin estar terminado el contrato de las obras físicas.

En primer lugar, el hallazgo ocho que podría convertirse eventualmente en función de advertencia, resalta el anticipo que Movilidad Futura le realizó al Consorcio Vías Popayán y que aún no ha sido amortizado. Esto quiere decir, que al contratista a la fecha se le han realizado pagos por $2.236 millones, incluido el anticipo, mientras que en el avance de las obras apenas ha ejecutado $2.061 millones, lo que significa que la entidad (Movilidad Futura) tendría a su favor $174 millones.

Según el ente de control, “esto se generó porque la entidad otorgó un anticipo al contratista y no fue posible amortizarlo en razón a la baja ejecución del contrato por los incumplimientos reiterativos del contratista. El saldo a favor de la entidad son recursos que presentan riesgo por cuanto el contrato está suspendido y según visita realizada al sitio de las obras por la comisión auditora, el contratista Consorcio Vías Popayán, ya no hace presencia en el sitio ni con personal, ni equipo e insumos necesarios para ejecutar el contrato”, dice el informe.

Sobre este tema, gerente de Movilidad Futura, Víctor Rosero se pronunció y dijo que ese dinero debe devolverlo el contratista a través de la compañía de seguros con la póliza de cumplimiento y del anticipo. “Eso está en la liquidación del contrato que realiza la interventoría. Esperamos que se cumplan los plazos de ley para recuperar ese dinero”.

Ahora bien, otro de los llamados que hace la Contraloría en esta actuación de fiscalización, es el detrimento que se podría generar tras el vencimiento del contrato al Consorcio Vías Popayán con apenas el 25% del avance físico de las obras contratadas, que contrasta con el avance financiero del contrato de interventoría que ya pasó del 105%. Asimismo se resaltan los recursos destinados para el Plan de Manejo Ambiental PMA, que se han ejecutado en un 65%, y en los que se observa pagos en tramos donde aún no se han iniciado obras físicas. “Esto genera riesgo de detrimento al patrimonio público porque la entidad tendrá que destinar recursos adicionales para la interventoría y para las actividades del PMA de las obras pendientes por ejecutar”.

Referente a ese mismo contrato, la Contraloría critica la conducta omisiva en la que pudo incurrir Movilidad Futura al no generar las multas por el incumplimiento del contratista desde el 30 de junio de 2013 hasta el 19 de enero de 2014, pues solo están presentes las multas impuestas hasta el 30 de junio. Esta situación, según el informe, podría ocasionar una connotación disciplinaria para la entidad.

Sin embargo, eso no es todo en ese contrato. A parte de que faltaron unas cuantas multas, aún no se hace efectiva la de $52 millones, que se interpuso por incumplimiento antes de junio de 2013, lo que según el ente de control evidencia falta de gestiones de cobro de la entidad, toda vez que el contrato aún no está liquidado.

Frente a este hallazgo, Víctor Rosero, manifestó que es difícil cobrar las multas cuando se está siguiendo un proceso de incumplimiento. “Además no se les ha pagado la última acta entonces no hay problema alguno en que no se haya cobrado la multa porque el proceso se le transfiere todo a la compañía de seguros para que responda no solo por los anticipos, sino también en el incumplimiento de las obras”.

Otro de los hallazgos tiene connotación fiscal, y se refiere a la autorización que Movilidad Futura le hizo al Consorcio para que ejecutara unas obras que ya habían sido ejecutadas por la empresa de acueducto y alcantarillado, y que no tienen soporte que justifique por qué se utilizó unos materiales donde se gastaron $79 millones.

No obstante, dos de los reparos que hace la Contraloría y que sin duda generarían más traumatismos en la implementación del sistema de transporte, tienen que ver con los contratos de optimización de las redes de acueducto y alcantarillado, a cargo de la Financiera de Desarrollo Territorial Findeter.

En el contrato de las redes de acueducto, por ejemplo la interventoría habla de que “en ninguno de los tramos de acueducto intervenidos se han instalado los accesorios necesarios para el desarrollo del objeto contractual; sin embargo se ha verificado que la firma contratista ha realizado pagos para la adquisición de estos elementos, como se evidencia en el formato “Manejo de Anticipo”, donde se adjuntan los documentos de las cuentas que soportan la inversión del anticipo pagado al contratista por valor de $3.006 millones, entre los cuales están los pagos realizados para el suministro de válvulas y accesorios en hierro fundido dúctil, elementos sin los cuales, la tubería instalada no es funcional, siendo técnicamente imposible dar operación a los tramos intervenidos hasta el momento”.

Así mismo, en ese contrato no se observa el análisis técnico durante la realización de los estudios previos del proyecto de optimización de redes de acueducto y alcantarillado del municipio de Popayán, con el fin de conocer la capacidad estructural de los viaductos existentes y plantear su reutilización en el proceso de optimización.

Esto se traduce en que durante el proceso de excavaciones de los proyectos de acueducto “se encontró una gran variedad de suelos con características físicas y mecánicas muy diferentes entre unos y otros, situación está que ha generado mayores cantidades de obra en el suministro y colocación de rellenos con material de préstamo”. Este ítem, según la Contraloría, no se incluyó en el presupuesto inicial de las redes de acueducto.

Esta situación ha generado la necesidad de inyectar recursos adicionales al proyecto para realizar rellenos con material de préstamo en diferentes tramos del sistema de acueducto, por lo que la empresa de Acueducto y Alcantarillado de Popayán “adoptó medidas que afectan el alcance inicial del proyecto, reformulándolo, con la suspensión del tramo No.14 y recortando las cantidades de los tramos No.3 y No.4 con el fin de cubrir los costos adicionales totales, que de acuerdo con un oficio de FINDETER S.A., los debe asumir el municipio que argumentó no tener ese dinero, el cual asciende a $799 millones”.

Lo mismo sucedió con la reposición de redes de alcantarillado, por cuanto la variabilidad en la composición de los suelos de las áreas intervenidas (material arcilloso con humedad e índice de plasticidad muy altos) y las filtraciones de aguas subterráneas han sido las causales de la reposición de los rellenos con material de préstamo, “ítem que tampoco se incluyó en el presupuesto inicial de las redes de acueducto”, señala el informe.

Por esa situación también se hace necesario inyectar recursos adicionales al proyecto, para realizar rellenos con material de préstamo en diferentes tramos del sistema de alcantarillado, lo cual asciende a $1.404 millones, que no podrá cubrir el municipio, pero que la empresa de Acueducto y Alcantarillado tuvo que adoptar medidas que afectan el alcance inicial del proyecto “reformulándolo, con la suspensión de los tramos No.5 y No.6, como también recortando las cantidades del tramo No.9 con el fin de cubrir los costos adicionales totales”.

Finalmente, señala la actuación especial de fiscalización, que resultado de las fallas en la planeación tanto del proyecto inicial de reposición de redes de acueducto y alcantarillado, como en el del Sistema Estratégico de Transporte de la ciudad, el municipio debió realizar parcheo de vías que fueron intervenidas para la restauración de esas redes haciendo una inversión que en últimas se perderá, cuando Movilidad Futura inicie las obras de construcción de pavimento y dichos tramos deban ser demolidos. La inversión asciende a 346 millones, de los cuales el municipio aportó $168 millones y el acueducto $177.

Como conclusión, el gerente de Movilidad Futura dijo que el tema de los retrasos en las obras, que califican a la entidad que preside como ineficiente, ocurre en todos los proyectos de sistemas estratégicos de transporte del país. “Estamos en las mismas condiciones, lo que pasa es que es muy difícil ceñirse a un cronograma del documento Conpes cuando no se tiene ni diseños ni se ha adquirido los predios, ni se tienen estableció la reposición de redes de acueducto y alcantarillado, entonces ese cronograma del que habla la Contraloría es demasiado teórico”.

Así las cosas, luego de esta actuación especial de fiscalización que realizó la Contraloría General de la República al Sistema Estratégico de Transporte de Popayán, el ente gestor (Movilidad Futura) deberá presentar el próximo 8 de julio un plan de mejoramiento, donde también se incluirá que el nuevo cronograma pretende terminar las obras en noviembre del próximo año.