La internacionalización del posconflicto colombiano
#DIANA PATRICIA ARIAS HENAO
Ph.D en Relaciones Internacionales
La estremecedora polarización colombiana relativa al posconflicto se debate entre la confusión de perseguir los estándares del deber ser (de la justicia) y el reconocimiento de la trágica realidad social (lo que hay).
Estados Unidos ha representado la hegemonía política en la relación asimétrica con Colombia. Desde la pérdida de Panamá se enfatizó el poder de la variable exógena o externa sobre la endógena o interna. Así continuó acentuándose en el siglo XX y, en el siglo XXI los frutos de aceptar con diplomacia la dominación política, hicieron a Colombia un escenario de construcción de poder, de moda, pero cuyas realidades internas no se acercan a los postulados de la paz, sea esta negativa (ausencia de conflicto entre los antiguos enfrentados) o positiva (que parte del no conflicto pero hace que los que se atacaban, trabajen juntos en las transformaciones deseadas. El desminado humanitario es un ejemplo de ello).
Ahora bien, Estados Unidos ha liderado la formación de conceptos jurídico-políticos flexibles a sus propios intereses que representan justicias alternativas a situaciones donde se contradicen los preceptos axiomáticos, por ejemplo, en definiciones como guerrillas, terrorismo, narcoterrosimo, justicia transicional, posconflicto y rehabilitación posbélica.
Términos sin consensos teóricos, genéricos ni prácticos, pero que tienden a un proceso complejo de construcción de la paz, luego que los mismos, fueran armados con soluciones militarizadas que apuntaron a la lucha antinarcótica y terminaron combatiendo a grupos subversivos más que antisubversivos, aunque ambos fuesen tildados temporalmente de terroristas.
Ahora, en el Plan Colombia las drogas pasaron a un segundo plano y los antiguos denominados terroristas, se enfilan en procesos de acreditación política, bajo el visto bueno de los estadounidenses y los organismos internacionales funcionales a sus intereses hegemónicos, esquivando los obstáculos que le representa la Corte Penal Internacional, y de los que se escabulleron los paramilitares, mutando sus estructuras a difusas Bandas Criminales.
Son casi ocho millones de víctimas registradas desde 1985 a enero de 2016 con ocasión al conflicto armado, puesto que desde ese año son consideradas como tal por el ordenamiento jurídico colombiano. Sin embargo el conflicto contemporáneo es mucho más viejo y la violencia que representa, es una pequeña proporción de la que ocurre fuera del mismo. El riesgo de la multiplicación de Farcrim está más latente que nunca. Puesto que toda la atención está puesta en la paz, una de tipo parcial. Mientras que los otros tipos de violencia siguen confeccionando sus círculos viciosos.
Por su parte el Consejo de Seguridad de la ONU expidió la Resolución 2261 del 25 de enero de 2016, aprobando solicitud de acompañamiento internacional realizada por Colombia. Las partes negociantes facultaron a la ONU a constituir discrecionalmente un órgano tripartito en misión política especial de observación para el monitoreo de la implementación del posible acuerdo, apoyando con su experticia la instalación de ocho zonas que serán determinadas en razón a las necesidades territoriales del conflicto más antiguo del hemisferio, donde las fuerzas militares ejercerán el dominio eminente del mismo. Reportará cada tres meses durante un año prorrogable a petición de las partes por lapso igual.
La presencia internacional suma garantías al proceso pero retiñe la impronta gringa sobre las decisiones políticas colombianas que han afectado y afectan los estándares jurídicos, conllevando contrasentidos teóricos y prácticos.
La paz es responsabilidad de todos aunque de la guerra son culpables unos pocos. La paz se construye de adentro hacia afuera, de lo rural a lo urbano y con la prevalencia de las identidades nacionales, no foráneas.
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