La crisis de la justicia

DIEGO FERNANDO SÁNCHEZ VIVAS

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El Estado Colombiano está fundamentado básicamente sobre tres estructuras, la rama ejecutiva, la rama legislativa, y la rama judicial a la cual se adiciona la estructura electoral y los organismos de control.

Todas estas estructuras tienen unas funciones específicas claramente definidas por nuestro ordenamiento jurídico, y colaboran armónicamente entre si por mandato constitucional para cumplir los fines del estado. Es así como el poder legislativo crea las leyes, el ejecutivo las desarrolla y el poder judicial interpreta las normas y dirime los conflictos surgidos mediante providencias. Si bien es cierto nuestro régimen democrático descansa básicamente sobre las tres ramas del poder público, es la rama judicial la que tiene la esencial tarea de fijar los parámetros para la aplicación de las normas. Tan delicada tarea se ha asignado a una estructura en la que en materia penal, civil y laboral deciden jueces municipales, de circuito, Tribunales Superiores y Corte Suprema de Justicia como organismo rector colegiado que resuelve en última instancia los litigios que llegan por su competencia, la jurisdicción contencioso administrativa integrada por jueces administrativos, Tribunales de lo contencioso administrativo y Consejo de Estado en la cúspide que resuelven todos los conflictos que tienen como accionante o accionado una entidad del estado. La Fiscalía General de la Nación a través de sus fiscales locales, seccionales y delegados investigan y aportan pruebas para que los jueces penales decidan, El Consejo Superior de la Judicatura, se encarga del funcionamiento de la rama judicial y la Corte Constitucional es el tribunal colegiado de cierre que se encarga de la guarda de nuestra Carta Fundamental.

Por eso es tan grave para una nación como Colombia que un exfiscal anticorrupción como es el caso de Gustavo Moreno esté acusado de corrupción, pero además gravísimo que existan serias acusaciones también de corrupción en contra de los expresidentes de la Corte Suprema de Justicia exmagistrados Leonidas Bustos y Francisco Ricaurte. Si esto agregamos el caso de Jorge Pretelt en la Corte Constitucional, nos damos cuenta que estamos realmente en una situación dramática. Es tan duro este golpe para la credibilidad de la rama, que tal vez después de la Toma del Palacio de Justicia en 1983, es lo más grave que le ha sucedido a la estructura del poder judicial en su historia reciente.

Cómo explicarle al ciudadano común que trabaja incansablemente todos los días para lograr su sustento, que existen en su país funcionarios judiciales del más alto nivel indignos, que han mancillado, vulnerado, manchado el sagrado deber de impartir justicia, que transan favorecimientos en procesos a su cargo por cientos y aún miles de millones de pesos, cómo entender la dureza de la justicia con quien roba alimentos o víveres por estricta necesidad y la indulgencia , complacencia y generosidad con quienes se roban el patrimonio del estado que debería estar invertido en escuelas y hospitales?

A grandes males grandes remedios dice la sabiduría popular. Como el problema es tan grave se hace necesaria una reforma estructural a la justicia que bien podría ser mediante una Constituyente en la cual se reviva el Tribunal de Aforados que reemplace por razones obvias a la Comisión de Acusaciones de la Cámara, que se implemente un concurso de méritos obligatorio para todos los funcionarios de la rama judicial y que en las facultades de derecho se vuelva a recalcar la importancia de la ética y la probidad en el ejercicio del derecho.