Asesinan a gobernador indígena en Timbío

Hacia las 4:30 p.m de este miércoles fue asesinado el gobernador del cabildo indígena Kite Kiwe, Gerson Acosta Salazar en la vereda San Pedrito, sobre la finca La Laguna, zona rural de Timbío, sur del Cauca.

El nativo de 36 años perdió la vida mientras se encontraba en su lugar de residencia ubicada a tres kilómetros del perímetro urbano de Timbío.

En la zona permanece retenido por la guardia indígena un comunero que pertenecería al mismo resguardo y según la Secretaría de Gobierno de ese municipio en anteriores oportunidades habría amenazado a la víctima.

La guardia indígena ha manifestado de acuerdo con autoridades municipales que al hombre se le encontró una funda del arma con la cual se perpetró el asesinato.

Gerson contaba con esquema de seguridad debido a las múltiples amenazas que había recibido por pertenecer a uno de los desplazados por paramilitares de El Naya en 2001.

La secretaria de Gobierno de Timbío, Giuliana Anaya explicó que, “los escoltas no estaban en ese momento por que no le gustaba que este personal asistiera a reuniones o actividades que realizaba al interior de su comunidad. Fue encontrado con un impacto por proyectil de arma de fuego en la parte central del tórax, por eso amigos y familiares lo trasladaron al hospital local, donde llegó ya sin signos vitales”.

En un comunicado la Unidad para más víctimas rechazó el homicidio e hizo un llamado a las autoridades para adelantar las respectivas investigaciones del caso.

Contexto histórico del resguardo Kitek Kiwe:

El resguardo Kitek Kiwe se conformó tras un desplazamiento masivo, de manos del ex paramilitar HH en la zona de El Naya en el año 2001. La comunidad, que estaba instalada en diferentes municipios decide unirse y conformar el resguardo Kitek Kiwe (Tierra Floreciente). A partir de la creación de la entidad se inició el trabajo con esta emblemática comunidad, que tuvo representación en La Habana, y quienes protocolizaron su plan de Reparación Colectiva el 30 de diciembre de 2015.

Actualmente la Unidad para las Víctimas asegura que avanza en la implementación de las medidas de atención, asistencia y reparación integral para esta población amparada bajo el decreto ley 4633, con quienes viene trabajando desde el año 2013. Son cerca de 350 habitantes que viven en un terreno de 30 hectáreas.