El balance de la apertura económica

MIGUEL CERÓN HURTADO

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Recordamos aquel 19 de febrero de 1990 cuando Virgilio Barco declaraba mediante Documento Conpes que se establecería el modelo de apertura económica para Colombia, con argumentos que solo creían los economistas que analizan con el método de la Teoría de los Precios, porque quienes eran partidarios de la Teoría del Valor, no creían en tan ilusorias justificaciones, a sabiendas de que el nivel de competitividad de este país, por motivo de la carencia de tecnología propia, deficiencias en la infraestructura de transporte, ineficiencia del Estado, insuficiencia de recursos de capital, entre otros, no tenía la capacidad de afrontar los embates del mercado mundial y que el país terminaría sometido a la más profunda dependencia del sector externo, deteriorando su autonomía y menoscabando su aparato productivo con el consecuencial impacto negativo en el empleo y por supuesto en la pobreza de las mayorías. Hoy, vemos que la acumulación construida durante un siglo con aporte importante del café, se esfumó en 30 años y el comentario generalizado es reconociendo que el pasado fue mejor, cuando con menos ingresos nominales, se tenía mejor calidad de vida que hoy, con ingresos nominales en millones.

Han pasado tres decenios y es posible hacer un balance, aprovechando la coyuntura de la pandemia que ha puesto a pensar a todo el mundo, sobre la realidad presente y las perspectivas del futuro tanto próximo como lejano, del cual solo hay incertidumbre porque proyecciones concretas no es posible, salvo que sean especulaciones. Lo único que se sabe es que las situaciones económica, social e institucional y también la ambiental no serán iguales a la que existía hasta 2019.

Pero una enseñanza sí está muy clara hoy. El país no puede seguir dependiendo de las fuerzas económicas internacionales, sino que requiere fortalecer sus propios mecanismos de auto sostenibilidad para garantizar las mínimas condiciones de vida a sus habitantes. Si se quiere tener, hacia el futuro, condiciones favorables para la subsistencia de la población colombiana, el aparato productivo nacional debe garantizar el suministro de, por lo menos, los bienes de consumo inherentes a la canasta familiar. Porque lo que vemos hoy, es que no solo las prendas del vestuario, que cualquier país produce para su consumo interior, sino los mismos alimentos agrícolas como la papa y la cebolla, se están trayendo del exterior, mientras los campesinos están cayendo en la miseria. La importación de alimentos de primera necesidad, es el más cruel de los efectos de la apertura económica, acompañados con los TLC, que las élites de poder nacional suscribieron en un cobarde acto de entrega del país a los intereses extranjeros, ya que ni siquiera las semillas agrícolas, pueden producir los mismos campesinos.

Por todo lo anterior, se presume que el primer remesón que se debe dar, es el cambios de tendencia en los procesos económicos, orientándolos al recate de la estructura productiva de los artículos primarios. Salvar el campo y las comunidades rurales debe ser una consigna nacional apoyada por todos los agentes de la economía y respaldada por los políticos locales principalmente. Además, el rescate de la producción de las prendas del vestuario, que constituyen un pilar importante en la economía urbana. El país no puede soñar con meterse a producir artículos de alta tecnología, pero al menos, debe producir y autoabastecerse de los bienes de primera necesidad. Pero, para el efecto, se necesitan políticas de gobierno consecuentes con las verdaderas necesidades nacionales, sin el entreguismo y arrodillamiento que ha caracterizado los funcionarios de nivel nacional que comprometen internacionalmente al Estado, en condiciones leoninas, probablemente a cambio de comisiones y prebendas que les entregan para usufructo persona, por lo cual hoy calificamos como pésimo el balance de la apertura económica.