Editorial: Sitiar a Popayán a cambio de reivindicaciones sociales

Por estos días, Popayán vive momentos de zozobra debido al sitio que, nuevamente comienza a padecer, fruto de la llamada minga de los pueblos, la que tiene hipótesis de que se trata de un conflicto étnico contra las comunidades indígenas, ante lo cual este año se le han unido gremios campesinos, estudiantes y hasta movimientos políticos que buscan reivindicaciones sociales propias en favor de sus causas e intereses.

Recordemos que desde comienzos de semana, la vía Panamericana, se vio asediado por los manifestantes, en varios puntos de la misma, lo que terminó con el comienzo de un bloqueo, el que literalmente encerró a la ciudad, cortándole a las gentes de Popayán y del sur de Colombia la comunicación hacia el norte del país.

Por supuesto que estamos al tanto de la gigantesca deuda de parte del Estado colombiano hacia los pueblos indígenas; sobre los incumplimientos de otros acuerdos surgidos en bloqueos pasados a la vía internacional y sobre todas las falencias del campo en nuestra comarca, incluyendo el abandono estatal a este vital sector de la economía, tanto regional como nacional.

Consideramos entonces, que todas estas peticiones son más que justas y ameritan que las comunidades utilicen su derecho constitucional a la protesta social, como medio de presión para llamar la atención de los gobierno de turno, sin embargo, siempre nos vamos a oponer a las medidas de hecho, más cuando dichas acciones afectan en gran consideración a la capital de departamento, en especial cuando se le vulnera el derecho, también constitucional, de la movilidad (entre muchos otros que también se vulneran) a más de 250 mil ciudadanos, que al final son los que reciben todo el impacto negativo que se deriva del bloqueo.

Al hablar de zozobra, para ser claros, tenemos que referirnos a la experiencias de otras protestas similares, son ya más de medio centenar de bloqueos a la Panamericana bajo los últimos cuatro gobiernos nacionales, en las que la ciudad y sus habitantes literalmente se convierten en rehenes de un conflicto que requiere soluciones integrales, desde el Gobierno Central, y no soluciones a medias o a cuenta gotas, como han venido actuando estos gobiernos desde finales del siglo pasado y de lo que va corrido del presente.

Es claro entonces, que los problemas de tipo social en la región han venido creciendo preocupantemente, tanto para las comunidades indígenas y de las que acompañan esta protesta, razón por la cual se torna urgente que el gobierno nacional, en cabeza del Presidente de la Republica, tome el liderazgo en la atención de las demandas, en el marco de un estado social de derecho, pero así mismo, tenemos que hacer un llamado a los organizadores de la minga para que garanticen el derecho a la movilidad de las gentes de la región y al desarrollo de sus actividades comerciales, económicas, laborales y sociales.

Este departamento no aguanta más bloqueos ni choques, por lo que hacemos un llamado a la sensatez y al diálogo fructífero, porque la historia se sigue repitiendo año tras año sin resultados tangibles en un círculo vicioso donde todos pierden.