Editorial: La violencia que se ensañó con el Cauca
Según el Instituto de estudios para el desarrollo y la paz, Indepaz., en lo corrido del 2019 fueron asesinados en el Cauca 62 líderes sociales y defensores de derechos humanos.
Recordemos que en la noche del jueves, un hombre reconocido por su comunidad en zona rural de Bolívar, sur del Cauca, fue baleado hasta la muerte al interior de su propia vivienda. En los mismos hechos también murió su hermano mientras su compañera sentimental, en estado de gravidez, resultó herida.
El Cinep señala que a nivel nacional en 2019, los líderes sociales y comunales recibieron más mil amenazas, y que la violencia persiste a pesar de los acuerdos con las Farc, debido a que en los territorios que antes ocupaban, han sido reemplazados por otros grupos violentos y no por el Estado. Y es grave que aún no se haya establecido una línea conductual que explique con certeza quiénes y por qué los están matando. A nivel de país, los entes que velan por los derechos humanos hablan de más de 300 líderes sociales asesinados.
En su momento, la Defensoría del Pueblo indicó que el perfil de las personas asesinadas comprendía a líderes comunales, comunitarios e indígenas, en su mayoría dedicados a labores de defensa del territorio en procesos de restitución de tierras y de retornos, a la promoción de derechos humanos y del medio ambiente, y aquellos que denunciaron el reclutamiento por parte de Eln, las Autodefensas Gaitanistas, el Clan del Golfo y otros grupos violentos. Igualmente, que los homicidios se elevan en áreas de cultivo de coca y de explotación ilegal de la minería, así como por conflictos de tierras y nuevos escenarios de participación política.
No va a ser fácil eliminar definitivamente las causas de esta horrorosa masacre a cuenta gotas, pues para esto se requiere que el Estado haga una presencia real integral en esos territorios, lo cual pasa por la implementación más expedita de los acuerdos con las Farc, para que no continúe el abandono de sus exmilitantes de los espacios donde están concentrados, se continúe con la sustitución de cultivos ilícitos y la reforma rural integral.
Así mismo, que se profundicen las investigaciones para identificar responsables intelectuales, se brinde una mejor protección a quienes han recibido amenazas y se concrete la propuesta de creación de más jueces especializados, que atiendan las imputaciones y las acusaciones en los territorios.
Volviendo al Cauca, es lamentable que el exterminio de dirigentes sociales, sumado a los asesinatos de indígenas y de ciudadanos en general, se ensañe con nuestro departamento, al que la guerra no ha dejado en paz desde que se desmovilizaron las Farc. Los incesantes crímenes que involucran a líderes sociales, además de los que parecen tener origen en guerras intestinas de las mafias del narcotráfico y el microtráfico en las zonas urbanas, son otro factor preocupante y desalentador.
Es hora de exigir respuestas contundentes de parte del Estado que pareciera ser un espectador inerme de toda esta masacre y desgobierno que se vive en zonas como el norte y el oriente del Cauca, de la Costa Pacífica, o algunas regiones surcaucanas, donde ya ni siquiera se puede circular con tranquilidad debido a las latentes amenazas de grupos armados que están secuestrando y asesinando a ciudadanos que por diversos motivos deben arribar a dichas zonas. Para ejemplo, lo ocurrido con los dos contratistas desaparecidos recientemente, quienes debían prestar servicios técnicos en el norte y el oriente del Cauca.
Se requiere de una acción más decidida y eficaz del gobierno hacia el control de todos estos fenómenos, pues el temor de muchos analistas, dada la simultaneidad de todos ellos, es que empiecen a darse dinámicas irreversibles, al menos en algunos de ellos y regresemos a épocas en las que la inseguridad se justificaba a sí misma y producía insalvables círculos de violencia que marcaron con la tragedia a generaciones enteras de colombianos durante los últimos 60 años.
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