Editorial: Más allá del repudio

El pasado fin de semana, nuestra comarca se estremeció por los repudiables hechos ocurridos en zona rural de Miranda, donde tres policías fueron masacrados en una emboscada armada perpetrada por hombres fuertemente armados pertenecientes a uno de los tantos grupos armados ilegales que operan en las cordilleras del norte y el oriente del Cauca.

El ataque se produjo cuando una patrulla de Unidad para la Edificación de la Paz (Unipep), que garantiza la seguridad en las zonas en que residen los excombatientes de las Farc, pasaba por la vereda (aldea) de El Caraqueño e iba a encontrarse con otros agentes que habían realizado actividades con la comunidad de Miranda.

En la acción fallecieron tres valerosos custodios de la seguridad que engrosan el ya larguísimo listado de hombres sacrificados por una guerra absurda que se niega a salir de un territorio al que ha golpeado por más de 30 años.

Eran hombres padres de familia, hermanos, hijos, a los que les cortaron los sueños de ver crecer a los suyos, verlos triunfar, brindarles apoyo cuando lo requerían y en especial, el compartir los altibajos de la vida que demanda el convivir entre una familia que desde el pasado 30 de septiembre ya no será la misma debido a la crueldad de otros hombres que bajo el pretexto de un complicado conflicto se niegan a dejar las armas.

El violento suceso ocurrió horas antes que entrara en vigencia el cese al fuego bilateral acordado entre el Gobierno Nacional y el Eln, lo que de una u otra forma oscureció el panorama y alteró la débil tranquilidad que viven las comunidades campesinas, indígenas y localidades del nororiente del departamento.

Más allá del repudio, consternación, tristeza y sentimientos de solidaridad con las familias de los miembros de la institución armada, a los que El Nuevo Liberal se suma, tenemos que decir que un sangriento hecho como este debe generar alerta sobre la precaria atención que el Estado le está prestando a una zona marcada por el conflicto armado y con visos graves en problemáticas sociales, de tierras e interétnicas.

En principio tenemos que decir, que en gran parte de esa zona caucana atravesada por la quebrada geografía cordillerana, la institucionalidad es lacerantemente débil, como se evidencia en materia de seguridad ciudadana, de conflicto interno armado (a pesar del fin del conflicto armado con las Farc y del cese al fuego con el Eln), de actividad de las bandas criminales (‘bacrim’), de tráfico de estupefacientes, en la existencia de cultivos ilícitos, en la violación de los derechos humanos y otros ilícitos de lesa humanidad como la violencia sexual, el microtráfico de drogas, el desplazamiento forzado, el confinamiento, la prostitución, para citar algunos de ellos.




El Estado, que durante muchos años enfocó su acción hacia el conflicto armado con los grupos guerrilleros y todas otras facetas delincuenciales como el narcotráfico, dejó a un lado su función primordial: consolidar la presencia del Estado que propende por la convivencia, la asistencia en salud, educación, la acción en materia de infraestructura vial, la presencia de los agentes de la economía privada, en fin, el Estado que impulsa reconciliación y un vivir armónico.

Hay mucho que revisar en materia de presencia del Estado el norte y oriente del Cauca pero ante todo, hay que pasar la etapa aquella de que solo se mira a la región cuando la comunidad protesta. Es responsabilidad de los gobiernos, tanto seccionales como nacionales, invertir adecuadamente con miras a consolidar una sociedad que vive, siente y puede, civilizadamente, avanzar hacia un mejor estar y un esperanzador mañana.