Editorial: Los problemas de la minería

En Segovia y en Remedios (Antioquia), municipios mineros como los que más, se lleva a cabo un paro de actividades que ha devenido en un delicado problema de orden público. En el asunto confluyen muchos de los detonantes del grave problema social que es la minería en Colombia.

Tal renglón de la economía genera grandes ingresos para la macroeconomía; junto con los hidrocarburos juega papel fundamental en nuestras exportaciones y su participación en el PIB es sustancial pero, paralelamente, genera pocos puestos de trabajo (menos que el sector agropecuario y el industrial). Además, en Colombia hay diversos tipos de minería: la gran minería, la artesanal, la informal, la ilegal, al tiempo que la calidad de vida de la población de las zonas mineras cada vez está más deteriorada, como ocurre en el Chocó que produce cerca del 33% de nuestro oro pero tiene un indicador de pobreza del 74%.

En la minería confluyen la necesidad de que crezcan las exportaciones, los intereses de las grandes mineras, las pretensiones de la inversión extranjera y de fuertes sectores de la economía nacional y transnacional, la agresividad de la minería ilegal, las necesidades de la minería artesanal, los anhelos y pretensiones de las comunidades, la deteriorada condición social de los municipios mineros, el imperativo categórico de preservar el medio ambiente y la incapacidad del Estado para cumplir con su razón de ser.

Sí. El Estado ha sido incapaz de fiscalizar y controlar debidamente la minería, la normatividad minera es endeble, laxa, contradictoria. Así, es una actividad en la que hay demasiada hiel y vinagre.

Y si en el contexto nacional ‘llueve, en nuestra comarca no escampa’…

En el Cauca, ‘para no tapar el sol con un dedo’, en las zonas donde se ejerce la minería ilegal a la problemática socioeconómica que se vive, hay que adicionar que estas actividades no generan ingresos fiscales, tributarios y no tributarios (impuestos y regalías), y también amplían el espectro de corrupción en el sector público encargado de su vigilancia.

En lo que respecta al sur del Cauca, las consecuencias nefastas que está produciendo la minería ilegal son notables, y a parte de la generación de violencia que trae consigo, también están afectando en alto grado a comunidades enteras, que incluso están planeando marchar para protestar por la falta de agua que dicha actividad descontrolada y con mínima o más bien nula vigilancia estatal, les está acarreando. Similares situaciones se conocen en la Costa Pacífica caucana, hasta donde están llegando continuamente retroexcavadoras de todo tipo, las cuales necesariamente deben ser trasladadas en pesados tractocamiones que hacen uso de vías tan importantes como la Panamericana, o en barcazas de gran calado que navegan aguas del mar pacífico, sin que autoridad alguna les requiera para indagar procedencia destino.

Pareciera que los gobiernos y las autoridades regionales, fueran cómplices en su silencio del arrasamiento de nuestras montañas, de la contaminación de nuestros acuíferos y la degradación de nuestros suelos.

Pero la preocupación no solo radica en la minería a pequeña escala; desde ya se escuchan voces críticas ante la posible llegada de grandes multinacionales, que según ambientalistas y organizaciones campesinas, ven a gran parte del sur del Cauca y el Macizo Colombiano, como una mina a cielo abierto para la explotación del oro. Para los detractores de esta iniciativa que cuenta con aval gubernamental, la explotación de minerales valiosos en estas dos subregiones caucanas, pondrían en peligro gran cantidad de ríos y quebradas que son los que terminan enriqueciendo los afluentes más importantes del país como son el Cauca y el Magdalena.

Es menester entonces, comenzar procesos que reúnan de forma coordinada a todas las instituciones, a fin de, primero, inventariar todos los puntos donde se ejerce minería ilegal a gran escala y segundo, ponerle coto a dicha actividad para que el medio ambiente caucano siga siendo de los más diversos y más ricos del país.