Editorial: Hurto de celulares, ‘llamada’ a la impunidad

Las estadísticas son contundentes. En Colombia los ladrones de celulares, convertidos en una de las más grandes desgracias que persiguen a diario a cientos de miles de ciudadanos, tienen vía libre por parte de la justicia para operar a sus anchas.

Al conocerse las cifras sobre el alto número de teléfonos celulares que son hurtados en el país, muchos sectores de la opinión pública y los medios de comunicación han mostrado gran preocupación pues en pocos países del mundo hay tantos celulares frente al número de habitantes como en Colombia (59 millones de aparatos);además, queda en evidencia que este es un incontenible delito en el que interviene un oscuro conjunto de bandas transnacionales y lo inefectivas que han demostrado ser las políticas y estrategias implementadas por las autoridades y las empresas de celulares para ponerle freno a tan impactante crimen.

Mientras según Asomóvil (Asociación de la Industria Móvil en Colombia) en Colombia, en el primer semestre del presente año, fueron robados algo más más de 716 mil celulares, según la Fiscalía General de la Nación se han instaurado en tal lapso poco más de 28 mil denuncias o noticias criminales. ¿Qué pone en evidencia ello? Muchas cosas.

Una, resaltante, que la política y estrategias diseñadas por el Estado para hacer frente a tal delito han fracasado estruendosamente. Algo más, que Colombia es el país de América en que más celulares son robados. Impacta el que ello ocurra agudamente hasta en regiones como Vaupés y Guainía. Y para completar, el gran desbalance que hay entre el número de aparatos sustraídos y el número de denuncias penales instauradas por esa razón.

Pero lo anterior no es todo. Saben las autoridades y las empresas vinculadas al mundo de los celulares que en Colombia, con un mismo código Imei funcionan hasta mil de tales aparatos y que hay cerca de un millón de celulares con dicho código duplicado. Eso aterra y muestra elocuentemente la ineficacia de todo lo que se ha implementado para frenar la actividad delictiva en torno al mercado de celulares. Las autoridades esperan que la entrada en vigencia del Código de Policía ayude a reprimir este delito. Ojalá sea cierto. Pero no es suficiente.




Todo lo anterior, sin profundizar demasiado en el análisis de la manera acelerada en que se deterioran la credibilidad y la confianza de la sociedad en sus instituciones y autoridades, por la falta de resultados en el combate de lo que, hay que insistir, se ha convertido en una de las peores maldiciones que aquejan a los colombianos.

La conclusión es bastante simple. El Estado se encuentra en mora de diseñar pero sobre todo implementar una estrategia conjunta que implique a todos los que tienen que ver directa o indirectamente en este problema, a decir ciudadanía, Policía, jueces y fiscales, para atacar este problema de raíz que a la fecha, hay que reiterarlo, está totalmente desbocado.

Este es otro delito de naturaleza transnacional y hasta tanto no se implemente una inteligente y eficaz política de parte de las autoridades de Policía y las Fiscalías de toda América Latina, seguirán reinando en nuestras calles el ‘cosquilleo’, el atraco, las lesiones personales y hasta los homicidios para perfeccionar el hurto de celulares. Amargo pero evidente.