Editorial: El carcelario, ¿un problema de nunca acabar?

Colombia tiene hace décadas un inmenso dolor de cabeza y es indiferente a él: la inenarrable crisis carcelaria, la inefectividad del sistema carcelario adoptado, la insuficiencia de establecimientos de reclusión y la inoperancia de las medidas que el Estado ha tomado al respecto en el último medio siglo.

Hay cárceles que tienen una sobrepoblación de internos del 447%, reiterativamente se declara a una y a otra prisión en cuarentena por epidemias graves, en ellas hay insuficiente e inadecuada atención médica, pésimas condiciones de salubridad, motines, riñas, etc.

Instituciones como la Corte Constitucional, entidades estatales como la Defensoría del Pueblo, entidades supranacionales como el Comité Internacional de la Cruz Roja se pronuncian, ponen el dedo en la llaga, encienden alarmas y todo sigue igual.

Hace poco la Defensoría del Pueblo manifestó que “Colombia atraviesa por la peor crisis carcelaria de su historia”. La Corte Constitucional, en sentencia proferida hace menos de tres meses, analiza decenas de tutelas interpuestas contra 16 cárceles y manifiesta que en nuestros centros de reclusión se violan los derechos humanos y se vive un estado de cosas inconstitucional. Y a nadie le importa. Así será hasta que estalle una crisis, haya decenas o centenas de muertos, el escándalo sea internacional como ya ha sucedido en México y Venezuela y entonces las autoridades saldrán a anunciar que todo cambiará. Pero no, todo seguirá igual.

La Corte Constitucional ha hecho señalamientos certeros sobre nuestra política criminal, a la que tilda de incoherente, desprovista de adecuada fundamentación empírica, poco reflexiva, populista, reactiva, volátil, débil.

Nuestras cárceles son un infierno. La de Tramacúa de Valledupar tiene una sobrepoblación de presos del 402%, un centenar de detenidos lleva más de un mes en huelga de hambre, solo hay agua dos veces al día y parece que no es potable y 11 de sus funcionarios son investigados por tratos inhumanos, crueles. Pero la comunidad no se impacta.

En la Modelo de Bucaramanga hay 3.000 presos, un hacinamiento del 95%, enfermos de lepra y de cáncer sin tratamiento médico y las condiciones de salubridad son aterradoras.

Popayán no se queda atrás. Sobrecupo que supera los 400 internos, malas condiciones en la alimentación, infraestructura en pésimas condiciones, constantes huelgas de hambre para exigir condiciones mínimas en salud y trabajo de resocialización entre muchos otros derechos, hacen parte las constantes quejas que a duras penas llegan a oídos de la opinión pública. Es tal el nivel del problema que varios meses atrás el sindicato del Inpec dio a conocer de propia mano el hacinamiento del 40% en el penal, por lo que en forma de una protesta que duró varias semanas, no permitieron el ingreso de más presos sindicados al centro carcelario.

En fin para nadie es un secreto que nuestras cárceles son dantescas y el Estado no actúa para que la situación cambie. ¿Hasta dónde llegaremos?