Editorial: ‘Cómodas’ declaraciones

Como un gran descache se pueden calificar las declaraciones del Ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, donde asegura, sin siquiera ruborizarse, que la gran mayoría de asesinatos de dirigentes sociales en el país tiene como móvil problemas de narcotráfico, conflicto entre vecinos o incluso problemas de faldas.

Estas declaraciones del alto funcionario que insiste en que no hay sistematicidad, generaron indignación entre líderes sociales y reclamantes de tierras en todo el país, incluyendo a nuestro Cauca, departamento que solo en este año ha visto cómo grupos armados han asesinado más de 20 de ellos.

Esa forma de respuesta desde los organismos de seguridad del Estado no es nueva. Prácticamente desde que comenzó a implementarse el proceso de paz con las Farc, esa ha sido una respuesta común, el desligar esa serie de asesinatos del posconflicto. La razón, tal vez esté relacionada con la presión constante que siente el Gobierno Santos de mantener a flote y en marcha un proceso que va con neumáticos desgastados y con sus tripulantes a la intemperie. Una realidad incluso que también intentan minimizar desde la Casa de Nariño.

Sin embargo, el ‘tapar el sol con un dedo’ no le hace ningún provecho, ni al proceso ni a la seguridad de quienes velan por los derechos de otros.

Y es que mientras desde el gobierno central siga abandonando aquellas zonas álgidas que otrora soportaron el conflicto armado con las Farc y mientras les siga dando la espalda a dichas comunidades, los violentos serán los que se encargarán de copar los espacios que abandonaron los frentes guerrilleros. Y el ingreso de dichos grupos -tampoco es un gran misterio- se ejecuta con fuerza bruta y regularmente quienes se convierten en carne de cañón en esa nueva forma de guerra sucia, son los líderes sociales, quienes de esa forma, se convierten en referente de miedo para el resto de la población.

Las víctimas son hombres y mujeres del pueblo, alejados de los círculos de poder, seres cuyo pecado es ser voceros de comunidades llenas de necesidades e inequidades. Infortunadamente, el departamento del Cauca como epicentro del conflicto armado y la desigualdad social en nuestro país, también se convierte en una región donde se generaliza esta clase de asesinatos selectivos.

Pero más preocupante aún es que la situación tiende a desmejorar, sobre todo en zonas rurales alejadas y de escasa presencia estatal en nuestra comarca, en donde circulan panfletos amenazantes donde se relacionan los nombres de dirigentes cívicos y comunitarios, muchos de los cuales se ven obligados a salir de sus veredas o poblaciones. Ojalá algún alto funcionario del gobierno central, sentado cómodamente desde la silla de su escritorio, no salga a decir que son autoamenazas.

¿Cuántos de esos asesinatos han sido debida y satisfactoriamente aclarados y sus autores, encubridores y cómplices, judicializados y condenados por los jueces? La cifra es pírrica y avergüenza.

Entes del Estado como la Fiscalía, cuya función constitucional es investigar y aclarar tal tipo de delitos, poco o nada eficaz y convincente pueden mostrar a la comunidad nacional e internacional.

Colombia no puede seguir sumando, año tras año estadísticas escandalosas de líderes y activistas sociales y comunitarios asesinados, crímenes que quedan impunes, lo que pone en evidencia la ineficiencia del aparato estatal en la sagrada función constitucional de cuidar la vida, honra y bienes de los colombianos.