Duque abrió la puerta

08:55 am 12-mayo

HÉCTOR RIVEROS

@hectorriveross

La presión del gobierno de los Estados Unidos sobre la Corte Constitucional, además de burda, inaceptable y etc, pone en riesgo la legitimidad de esa Corporación como máximo árbitro del sistema institucional. Varias de las decisiones en las que los colombianos esperábamos el veredicto serán ahora calificadas como el resultado de la presión o de la retaliación contra el agresor.

El mayor desafío que tenemos los ciudadanos ahora es preservar al árbitro. Las más duras controversias políticas y las más arriesgadas tensiones institucionales las ha resuelto la Corte en sus más de 25 años de existencia y todos las hemos acatado y aceptado así no hayamos estado de acuerdo.

La Corte ha logrado preservar su legitimidad en medio de la más fuerte turbulencia política de los últimos cincuenta años. Cuando alguien quiere decir la última palabra cita una sentencia de la Corte. Así ocurre en todos los escenarios del debate público, por parte de personas pertenecientes a todas las vertientes políticas y ese es un patrimonio enorme que tenemos que defender.

Cuando un gobernante quiso perpetuarse en el poder -como ocurrió en Venezuela, Bolivia, Nicaragua-, la Corte lo impidió. Esa fue la diferencia entre ellos y nosotros, no el talante de los presidentes sino un poder judicial independiente. En ese caso fue el propio ex presidente Uribe, que quería quedarse, quien aceptó respetuosamente la decisión de la Corte. Hubiese podido invocar las mayorías, la voluntad popular, como lo aconsejaron algunos de sus asesores, pero se atuvo a la decisión del árbitro, si no lo hubiera hecho seguramente hubiera perdido el apoyo de sectores empresariales, medios de comunicación y otros que estaban con él pero que no hubieran tolerado desconocer al juez.

La tensión alrededor del acuerdo que permitió la desmovilización de más de diez mil guerrilleros de las Farc luego del resultado adverso del plebiscito solo disminuyó después de que la Corte avaló el procedimiento de su aprobación. Claro el Centro Democrático y otros sectores mantienen la controversia política, lo cual es legítimo, pero la validez de lo acordado no está en duda y así lo reconoce el gobierno, que se hizo elegir con la bandera del rechazo al acuerdo.

La Corte consiguió ese resultado revolucionario de que, en un país en el que nadie cree en nadie y en el que las instituciones generan una enorme desconfianza, cuando un ciudadano poderoso o desvalido siente que se le está violando un derecho anuncie que va a acudir a los jueces constitucionales para que lo protejan. La ANDI, el gremio empresarial más grande de Colombia, estuvo en contra de algunas decisiones incluidas en el Plan de desarrollo y anunció que acudiría a la Corte para resolver la controversia, como lo hicieron más de 650 mil personas el año pasado esperando que esa Corporación ordenara que le dieran un tratamiento de salud, le reconocieran una pensión, le contestaran una petición o protegieran el medio ambiente.

Que los ciudadanos acudan a la justicia a reclamar sus derechos o a resolver las controversias políticas es un valor de esos que solo se reconoce cuando se pierde. Lo que ha permitido que Venezuela esté como esté es que el Chavismo se tomó el poder judicial.

Eso es lo que está en riesgo ahora que quieren poner a la Corte Constitucional contra la pared.

Quien nos puso al borde del precipicio no fue el Gobierno de los Estados Unidos sino el Presidente Iván Duque, fue él quien acusó a la Corte de que en Colombia no se pueda combatir eficazmente el narcotráfico. Duque fue personalmente a la Corte a señalarla de que por su decisión relacionada con el glifosato contra los cultivos ilícitos se había multiplicado la siembra de coca y ha sido Duque -y el Fiscal Martínez- quien ha afirmado que por las decisiones de la Corte se volverá imposible extraditar narcotraficantes.

Desde el primer minuto se dijo que el riesgo de los términos de las objeciones presidenciales era que deslegitimaban una decisión de la Corte. El propósito era desacatar una sentencia.

El Gobierno de los Estados Unidos está repitiendo a Duque, aunque en una relación subordinada como la que el Presidente planteó, no se sabe quién repite a quién.

Si el propio Gobierno y el Fiscal General de la Nación afirman todos los días que las decisiones de la Corte impiden actuar eficazmente contra los criminales, ¿cómo esperamos que actúe el Gobierno de los Estados Unidos?

El uribismo ha estado al acecho de las Cortes, primero y durante años de la Corte Suprema de Justicia, después y sin miramientos de la JEP y ahora de la Corte Constitucional. Por la una hubo castigo a la parapolítica, por la otra hay expectativa de verdad de lo que ocurrió en el conflicto y por la otra no hubo reelección indefinida.

PD: El matoneo uribista a la magistrada Diana Fajardo en las redes sociales no es sino una confesión de quiénes son los verdaderos responsables de poner en riesgo la independencia judicial y por ese camino nuestro sistema democrático.