Detenidos desaparecidos

ROBERTO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ

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Tanto en México como en Colombia desaparecen a la gente, no en actos de magia sino por razones políticas.

En Ciudad de México existen espacios en las calles para recordar a los más de 32.000 desaparecidos, según informe oficial, el más claro terrorismo de un Estado que endosa sus responsabilidades a las delincuencias.

La práctica de desaparecimiento forzado de personas siempre ha existido, pero fue convertida en mecanismo político por los nazis con el decreto de “noche y niebla” de Hitler, y retomado por los franceses en Argelia y los norteamericanos en Vietnam, de donde pasó a las dictaduras brasileña, chilena y argentina con sus miles de casos comprobados. Decía Videla “los desaparecidos no están, son eso, desaparecidos” tratando de exculpar a los militares y policías por esas victimizaciones.

La teoría del “enemigo interno” y de “la guerra en todos los campos”, es decir la contrainsurgencia, fue centrada en el destino de los militares para restablecer el orden capitalista ante las amenazas comunistas armadas. En ese sentido las leyes son un obstáculo para la estrategia de guerra total. Así, desaparecer a los opositores se constituyó en la vía para que las autoridades estatales detuvieran a los insurgentes políticos o económicos, sin reconocerlos y desapareciéndolos sin que dejaran ningún rastro. La conducta también la han cometido los actores privados (legales e ilegales) pero siempre con la colaboración y determinación de los agentes y funcionarios.

En todos los casos, las autoridades niegan las detenciones y –por supuesto- los desaparecimientos, siguiendo el criterio de que “si no hay cadáver (no se puede materializar el delito) no hay culpas”, nadie a quien enjuiciar, nada porqué responder, lo que garantiza la más absoluta impunidad. El crimen perfecto.

Al opositor se lo detiene, con lo cual se termina su acción opositora, se le tortura para obtener confesiones de personas y bienes comprometidos en la insurgencia, se lo asesina para terminar con la oposición, y se desaparecen sus restos para que cunda el miedo ejemplarizante. El punto central es que a nadie se puede acusar por todo esto, ni se podrán reclamar verdades ni reparaciones.

Detener – Desaparecer es un delito continuo, subsiste hasta que aparezca el opositor, lo que obviamente nunca ocurre; y es un delito múltiple porque viola una docena de derechos fundamentales. Los dramas son cotidianos para los familiares y deudos del opositor, que se convierten en víctimas que no saben a qué atenerse, no se explican los hechos, no encuentran datos que permitan creer en alguna explicación, no hay a quien acusar o a quien reclamar, el Estado dice no poder hacer nada, y sobre todo no hay garantía de que los hechos no van a volver a ocurrir. Tampoco se pueden realizar las ceremonias para lograr despedirse del difunto, se tiene la esperanza de que aparezca, incertidumbre que lleva a muchas inseguridades.

En términos del derecho, la Declaración Interamericana contra la Desaparición Forzada es apenas de 1994, y la tipificación del delito de lesa humanidad en el Estatuto de Roma es de 1998. La Declaración de la ONU es del 2007. La Constitución colombiana de 1991 la prohíbe en forma absoluta en su artículo 12.

Pero, tanto el Estado mexicano como el Estado colombiano han sido condenados internacionalmente como culpables de las desapariciones forzadas de personas.