Descontaminar las elecciones de octubre

JUAN CARLOS LÓPEZ CASTRILLÓN

Las personas hacen política para intentar influir en las decisiones que toman los gobernantes y la sociedad. Ello implica que sus protagonistas tengan que asumir una posición ideológica sobre los temas fundamentales de un país como Colombia.

Entre esos asuntos se destacan: el modelo económico, los acuerdos de paz, la defensa del medio ambiente y los animales, la estructura de la seguridad social y la salud, la financiación y tendencia filosófica de la educación, la justicia, cómo se combate la pobreza y se construye desarrollo.

Así las cosas, es legítimo que los líderes nacionales de los partidos y movimientos que existen en esta nación vayan a intentar influir en las elecciones regionales del mes de octubre de este año, es un asunto de representación y poder.

También es entendible que los dirigentes departamentales hagan lo propio, pues dependiendo de cómo queden repartidas las gobernaciones y alcaldías tendrán o no una cuota inicial de la reelección para dentro de tres años.

Pero hoy más que nunca es necesario que en cada región esa elección se haga de la forma más independiente posible y sin dejarse afectar por los intereses de orden nacional.

Escribo estas reflexiones para aventurar una conclusión, basada en los hechos de los recientes años, en el sentido que no creo que el respaldo de los dos grandes protagonistas que hoy tiene la política nacional, los senadores Álvaro Uribe y Gustavo Petro – con contadas excepciones – vayan a ser determinantes en las elecciones de alcaldes y gobernadores.

Un buen ejemplo de lo anterior fueron las elecciones de hace cuatro años en Bogotá y las ciudades grandes y medianas, en donde la gente escogió con un alto grado de independencia de las señales de apoyo que a determinados candidatos les dieron los dirigentes nacionales y regionales.

De otro lado, y entendiendo que estamos viviendo una nueva fase de la polarización que ha dividido a Colombia en los últimos tiempos; primero alrededor del proceso de paz del presidente Santos y ahora entre Uribistas y Petristas, no sería nada bueno para la democracia local que ese enfrentamiento se atice en los municipios y ahonde las divisiones que ya existen.

En la práctica, convertir octubre en una tercera vuelta presidencial le convendría a esas dos fuerzas que he señalado, pero para nada le vendría bien al país.

Sería contaminar más la elección local y desviar el debate de los temas puntuales que en cada sitio se deben abocar, como en nuestro caso el uso y ejecución de las regalías y el porcentaje de cumplimiento de los planes de desarrollo aprobados para estos mandatos que terminan.

Obviamente la discusión sobre los presuntos actos de corrupción de los actuales mandatarios y candidatos va a tener una gran influencia y lo ideal es que la fiscalía y los entes de control produzcan decisiones prontas sobre todo lo está en curso de investigación.

Ahora, hay que tener presente que la gente ya no traga entero y realiza por su cuenta un castigo político en las urnas, aunque en muchas ocasiones existan absoluciones y preclusiones de por medio.

Pero el debate debe ir más allá y es sobre la visión de ciudades y regiones que se debe plantear y ahí – con todo respeto – entre menos interfieran los dirigentes nacionales será más saludable esa discusión, y en la medida en que sean buenos candidatos mucho menos requerirán de ese tipo de apadrinamientos.

Históricamente sucede que al final llegarán dos o tres con más opción que el resto y ello generará un cierto tipo de polarización local, pero es preferible mil veces que se dé sobre las propuestas del futuro del municipio o el departamento, que sobre la discusión temprana de quién puede llegar a ser el presidente en el 2022.

Posdata: al desearles a todos mis lectores un feliz y saludable año, los invito a efectuar un ejercicio de descontaminación de la política, en los términos que he expuesto, mirando menos el guiño de los presidenciables y más hacia nuestros problemas. Eso puede resultar siendo más benéfico de lo que creemos para la sociedad civil que luego de votar sólo le puede reclamar a quién está sentado en las alcaldías o gobernaciones.