De dragas y retroexcavadoras
Por Germán Ayala Osorio, comunicador social y politólogo
Integrante del Centro Interdisciplinario de Estudios de la Región Pacífico Colombiana, CIER
Universidad Autónoma de Occidente
A diario los medios masivos registran operativos de las autoridades contra complejos ilegales de explotación de oro en ríos y selvas. Recientemente lo hicieron en el Parque Nacional Natural de Chiribiquete[1] en donde se vio la presencia de por lo menos dos dragas, ancladas en el río Apoporis. En el operativo no hubo enfrentamiento armado, pero si, al parecer, la captura de varias personas.
Se trata, sin duda, de tardías acciones institucionales sobre una actividad ilegal que no solo deja graves afectaciones socio ambientales, sino que devela problemas enormes en el funcionamiento de las instituciones[2] ambientales -y en el Estado en general-, comprometidas con el cuidado de valiosos ecosistemas naturales que hoy están a merced de las organizaciones criminales y mafiosas que están detrás de la explotación ilegal de oro.
De los operativos y del registro mediático me asaltan varias preguntas: ¿cómo llegan a ríos y ecosistemas selváticos, dragas y retroexcavadoras? Especialmente, sobre estos últimos equipos, me pregunto: ¿qué tipo de control fiscal y de importación hace la DIAN; y ¿qué controles se pueden establecer para supervisar su comercialización y registro? Es más: ¿cómo hacen las organizaciones criminales para mover dichas retroexcavadoras? Sobre la presencia de dragas en los ríos, me sigo preguntando: ¿qué tipo de control hace la Armada Nacional?
Me parece que existen problemas de coordinación institucional, en especial en lugares y territorios ricos en biodiversidad en donde los Estados locales y regionales son débiles y su presencia es precaria e incluso, inexistente, hechos que facilitan la operación de estos complejos de explotación minera en nuestros ecosistemas hídricos, boscosos y montañosos. ¿Qué se hace desde el nivel central? ¿Qué papel juega el Ministerio del Medio Ambiente, el SINA y qué se ha hecho para mejorar lo que parece ser una pésima o inexistente coordinación institucional[3]?
Lo cierto es que mover esa infraestructura requiere de una logística que al parecer las autoridades estatales no tienen. ¿O será que el poder corruptor de las organizaciones que están detrás de la minería ilegal es tan fuerte al interior del Estado, que imposibilita cualquier actividad conjunta entre los organismos oficiales?
Si de verdad existen problemas de coordinación y de cooperación al interior de las entidades estatales, bien por el poder corruptor de las organizaciones criminales asociadas a la minería ilegal o por problemas técnicos y logísticos, ¿qué podemos esperar en adelante de los controles ambientales que deberán surtirse sobre la actividad minera legal que muy seguramente se extenderá en el país, cuando las Farc se desmovilicen y se conviertan en Partido Político?
Se espera que en los territorios que ayer ocupaban las Farc, se instalen multinacionales mineras que poco a poco transformarán valiosos y preciosos ecosistemas naturales, en enormes cráteres en donde difícilmente la vida puede brotar o mantenerse. Así entonces, y ante la debilidad institucional y el poco trabajo de coordinación entre las entidades estatales comprometidas con el cuidado del medio ambiente, el camino quedará despejado para estas multinacionales.
Y esto, por supuesto, tiene un componente político en la gestión ambiental en el país. Gestión que no solo se enfrenta a la debilidad institucionalidad[4] ambiental, sino al desinterés de alcaldes y gobernadores de proteger los recursos naturales en sus territorios.
No es gratuito que varios de los países de origen de estas multinacionales apoyen el proceso de paz y el fin del conflicto armado con las Farc. Saben que la operación de sus multinacionales se podrá dar, hacia futuro, en inmejorables condiciones de seguridad.
De esta manera, el fin del conflicto armado tendrá unos enormes costos socio ambientales: pérdida de estratégicos y valiosos ecosistemas, de biodiversidad y, por supuesto, el detrimento cultural que sufrirá la Nación, pues estos proyectos de explotación minera afectarán la vida de comunidades campesinas, afrocolombianas y de pueblos indígenas.
En ese camino, quizás llegue la Paz, pero en términos del ejercicio del poder político; eso sí, en términos socio ambientales, la guerra contra el medio ambiente está por comenzar.
[1] Véase: http://noticias.caracoltv.com/colombia/en-cinematografico-operativo-desmantelan-mineria-ilegal-en-parque-chiribiquete
[2] Véase: http://elpueblo.com.co/medioambiente-e-institucionalidad/
[3] Véase: http://laotratribuna1.blogspot.com.co/2013/12/hay-pensamiento-ambiental-en-colombia.html
[4] Véase: http://ecofondo.org.co/articulo.php?id=205
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