Cultura política y democracia

11:00 pm 15-junio

CARLOS E. CAÑAR SARRIA

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La educación política de los ciudadanos es muy importante para el ejercicio de una auténtica democracia. Un pueblo ilustrado políticamente está llamado a la participación, al compromiso colectivo y al interés común. Se respeta y se hace respetar. Es menos llamado a la instrumentalización, a la demagogia y al engaño. Sabe de dónde viene y para dónde va, qué es lo que quiere y cuáles son los medios para conseguir sus propósitos. Conoce las fortalezas y debilidades de sí mismo y de quienes lo representan en las instancias gubernamentales y legislativas.

En una verdadera democracia el pueblo es el constituyente primario, en él radica el poder. Los gobernantes y representantes no son más que unos simples comisionados cuyo deber político y moral es atender las necesidades y requerimientos de la población en pro del bien común. Es así como el pueblo debe y puede pedir cuentas a todos aquellos en quienes ha depositado el poder y su confianza.

En ese rendimiento de cuentas, lo que esté en contravía de la ‘voluntad general’ -utilizando términos roussonianos- debe ser desechado. El mejor castigo para quienes se apartan de las nobles causas colectivas es negarles el respaldo presente y el voto futuro. Es lo más legítimo ante legisladores y autoridades deslegitimadas que nada bueno tienen para mostrar.

La falta de una verdadera cultura política democrática hace que se elijan y reelijan a los mismos de siempre. De lo contrario, tendríamos los mejores gobernantes, los mejores congresistas, los mejores dirigentes. Pero puede más la amnesia popular que los deseos de renovación de la dirigencia política colombiana. Por eso, por ejemplo, ha existido renuencia del Congreso en auto reformarse.

Hace algunos años el recientemente desaparecido escritor y columnista de El Tiempo, Oscar Collazos, se quejaba de un Congreso que legisla para bien de los congresistas y de sus propios partidos. Entre otras cosas, agregaba: “Uno se sorprende al ver rostros de congresistas (…) surgidos de las clientelas regionales envejeciendo como dinosaurios marrulleros en sus sillas, con las nalgas atornilladas al puesto de donde saldrán con pensiones ruinosas para el Estado”.

El papel del Congreso es hacer leyes útiles a la sociedad, en beneficio del pueblo que dice representar. Contrariamente, las condiciones de vida de la gente no parecen mejorar, mientras los elevados salarios que devengan los legisladores, no corresponden al trabajo y compromiso en defensa de lo público.

La mejoría de las condiciones de vida de la población en las regiones depende mucho de la labor, gestión, empeño de sus gobernantes, congresistas y demás legisladores; para ello deben ser muy puntuales en prioridades y no ahogarse en el mar de lo superfluo. Las discusiones bizantinas, los proyectos insustanciales deben desterrarse.

Departamentos rezagados en desarrollo humano requieren con urgencia replantear sus dirigencias; sobre todo ante el proceso electoral que se avecina. Como en todo, hay excepciones. No todos los gobernantes y legisladores son nefastos para la sociedad. No es justo generalizar. Ahí está la importancia de la educación política que debe ser una de las tareas de los mismos partidos, de los medios de comunicación y de la academia, entre otros actores sociales.

La Academia y la opinión pública son baluartes valiosos en la configuración de una verdadera democracia. Es en el seno de las universidades donde deberían tratarse, discutirse y dar luces para la solución de los problemas más sentidos del país y de la sociedad. Lo mismo pasa con los medios y con la opinión pública; sin embargo las universidades poco se sienten y los medios de comunicación se quedan cortos a la hora de los debates sobre problemáticas y actores sociales comprometidos con ellas.

Mucha falta hace consolidar una prensa libre y responsable que resalte por el amor a la verdad, que fomente el periodismo investigativo, que no se enajene y que vele siempre por el interés público.

Una cultura política democrática fomenta los valores esenciales para la convivencia pacífica, para el desarrollo conjunto de la sociedad, para la resolución política de los conflictos y en la búsqueda y encuentro de la armonía en la relación hombre-Naturaleza.

Actualmente se habla de institucionalizar la Cátedra de la Paz en las instituciones educativas y en las universidades. Constitucionalmente en nuestro país la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, tal como lo concibe el artículo 22. La cultura de la paz, siguiendo las enseñanzas de la Unesco, “consiste en un conjunto de valores, actitudes y conductas que plasman y suscitan a la vez, interacciones e intercambios sociales basados en principios de libertad, justicia, democracia, tolerancia y solidaridad, que rechazan la violencia y procurar prevenir los conflictos tratando de atacar las causas y solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación, garantizando a todas las personas el pleno ejercicio de todos los derechos”.