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    Cuatro siglos largos y… todo empeora

    FERNANDO SANTACRUZ CAICEDO

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    En su excelente investigación ‘Insolencia, Tumulto e Invaciones de los Naturales de Zacoalco (México) a Fines del Siglo XVIII’ (1982), el Profesor Hermes Tovar Pinzón -a quien seguiremos de cerca en esta columna-, analiza los “atrevimientos” acaecidos en el Virreinato de Nueva España, después de 1780.

    El virrey Luis de Velasco, en 1582, ordenó a los caciques de Zocoalco fundar el poblado de Santa Ana. Para ello dispuso entregarles 14.342 hectáreas, con “todo lo que en el contorno hubiera”. La relación población-tierra varió luego de dos siglos, afectando el consumo de alimentos y derivando en una “crisis fisiológica de subsistencia”.

    En 1606, los indios principales de Zocoalco instauraron pleito contra Diego Porres, usurpador de las tierras de Santa Ana, alegando su derecho de posesión por tradición y uso, derecho inexistente para el Estado colonial. 116 años después, en 1722, los nietos de los indígenas pedían que se notificara a Luis Porres Villavicencio, nieto de Diego Porres, el auto que anulaba su posesión, en un escenario literalmente inamovible. La expropiación de tierras por los hacendados, el crecimiento demográfico y las expectativas de hambre, llevó a los naturales de Zacoalco a emigrar, engancharse como fuerza de trabajo o al tumulto y la insolencia. Las crisis de pervivencia están imbricadas a los ciclos insurreccionales e invasivos de los aborígenes, quienes reclamaban en el siglo XVIII la tierra indispensable para su reproducción, pues carecían de ella para sus sementeras y viviendas. Entre 1780-1800 se desató un proceso de confrontaciones violentas entre nativos y terratenientes, en cuyo subfondo yacía la correlación tierrapoblación, de la cual brotaba un grave problema social -hacinamiento, miseria, hambre y emigraciones. A falta de respuestas, los indios “…se metieron a la tierra tumultuariamente, negándose a obedecer las disposiciones vigentes”. El 25 de mayo de 1785, la Real Audiencia aceptó sus peticiones y ordenó que se les permitiera sembrar en las tierras solicitadas, pues la seguridad colonial dependía de acuerdos “equitativos”. Entre 1784-85, los aborígenes implementaron invasiones alentando a otras comunidades a irrumpir en tierras litigiosas, recurriendo al tumulto y la insolencia, sin apelar al crimen para alcanzar sus propósitos.

    Después de 1790, se multiplicaron las quejas de los nativos por despojos, vulneración de normas legales, lanzamientos, torturas, asesinatos, violaciones, castigos a mujeres y niños, depredación de cosechas, incendio de casas y bienes. Las indecisiones judiciales obligaron a los latifundistas a crear “…sus propios mecanismos de defensa y oponer al modelo del tumulto y la insolencia el modelo de la represión mediante todas las formas antes señaladas para expulsar a los indios de sus fronteras”. Además, organizaron “…la colonización de las fronteras en disputa reclutando vecinos de los pueblos de los indios, convirtiéndolos en peones y arrendatarios, creando así sus propias fuerzas armadas de defensa y agresión”.

    El Estado colonial estimuló dicho modelo trocando el conflicto en una disputa entre naturales y desposeídos de la tierra, mangoneados por los hacendados. Adicionémosle a lo antedicho las agresiones contra las comunidades rurales negras y campesinas y encontramos, vaya asombro, ¡los Orígenes del Paramilitarismo Actual en Colombia! Abreviando, los tumultos e insolencias fueron acciones concertadas que permitieron a los indígenas recuperar tierras en los años 80. Las expectativas de cultivo inflamaron las invasiones territoriales. La indeterminación judicial generó instituciones que contrarrestaron la disputa entre naturales y terratenientes; éstos, conformaron una fuerza beligerante, centinela y pertrechada al servicio de la hacienda, convirtiéndola en su aliada incondicional.

    Los nativos demostraron su capacidad política apoderándose de tierras a la brava, trocando en legal un acto ilegal, disputando a los hacendados el derecho a la tierra y transformando el alegato jurídico en acción de masas.

    En Colombia hemos celebrado pomposamente 200 años de vida republicana, “independiente”. Lograda nuestra emancipación político-militar de España, nos convertimos en neocolonia económica y político-cultural de Inglaterra y EE.UU., sucesivamente. Los criollos se arrogaron el poder omnímodo de sus antiguos amos para explotar y oprimir al pueblo, desde entonces hasta hoy. Mientras resolvemos concluyentemente el problema de la concentración territorial, así se haga trizas “los Acuerdos de La Habana”, éste perdurará como causa y motor de nuestra inestabilidad económico-política y atraso socio-cultural. ¡Aún no aprendemos la lección!