Continúa la controversia sobre la financiación del plan de obras

Ante la oposición de un sector de la ciudad, se creó un comité que busca que el alcalde de Popayán no sancione el acuerdo relacionado con la contribución por Valorización.

Por Eliana Gómez

Elinana30@gmail.com

En el artículo 38 del acuerdo 043 de 2017 expedido por el Concejo de Popayán, establece que para cada proceso de distribución, ejecución y liquidación de contribuciones de valorización, para cada obra, se integra una Junta de Valorización”. / Archivo – El Nuevo Liberal.

Luego de ser aprobado el proyecto del plan de obras y contribución de valorización en el Concejo de Popayán, varias han sido las inconformidades que ha generado esta decisión en la ciudadanía. Sus razones se sustentan en que no comparten la manera de financiación del mismo.

Hay que recordar que el pasado cinco de mayo, los corporados mediante voto nominal; con 13 votos favor, cuatro en contra y dos ausentes, avalaron el proyecto por el cual se aprueba el plan de obras de interés público del municipio y se autoriza el cobro de la contribución de valorización por beneficio general para su financiamiento.

La decisión llevó a que algunos líderes comunitarios de la ciudad conformaran un comité denominado ‘No a la valorización’, con el fin de pedirle al alcalde de Popayán, César Cristian Gómez Castro, no sancionar el acuerdo, pues lo consideran como un impuesto más al que deben someterse los payaneses.

“Sobre todo en un momento de crisis socioeconómica y en el que la ciudad posee un alto índice de desempleo, que según el Dane alcanzó el 14,9 por ciento, incremento en las tarifas de Serviaseo, reforma tributaria, entre otros”, argumentaron los líderes del barrio Las Américas.

Ante esta situación, El Nuevo Liberal dialogó con Diego Fernando Rodríguez Alegría, cabildante del municipio y Ramsés López Santamaría, docente universitario.

Al respecto Rodríguez afirmó: “es injusto el cobro a toda la ciudadanía de una valorización que beneficiará solo a quienes estén cerca de las obras propuestas, desde el partido Mira votamos negativo al proyecto de acuerdo por el cual se aprueba el plan de obras de interés público, y el cobro de la contribución de valorización por beneficio general para su financiamiento”.

Además, es enfático en decir que “el artículo uno del Decreto 1604 de 1966, menciona que se puede pedir el pago para obras como éstas, siempre y cuando reporten un beneficio a la propiedad inmueble o casa, en este caso no se está dando”.

Asimismo, el corporado argumenta que durante el debate, con los concejales Dulis Urrea, Argeny Gómez y Luis Bravo, solicitaron las actas en donde se demostrara la conformación y reuniones realizadas por la Junta de Valorización para determinar las obras que se debían realizar en el municipio, sin embargo, nunca se recibió una respuesta contundente a la petición.

Luego, mediante un oficio expedido el 10 de mayo, la secretaria de Infraestructura, María Eugenia Trujillo Solarte, contestó: “se tiene que el artículo 38 del acuerdo 043 de 2017 expedido por el Concejo de Popayán, establece que para cada proceso de distribución, ejecución y liquidación de contribuciones de valorización, para cada obra, plan o conjunto de obras se integrara una Junta de Valorización”.




De igual forma, se menciona en el radicado: “conforme a lo anterior me permito manifestar que el plan de obras por el cual se va a realizar la liquidación de contribución de valorización fue aprobada por el Concejo el 5 de mayo de 2017, por lo cual el acuerdo como tal no se encuentra sancionado ni adoptado mediante decreto municipal, pues el mismo se encuentra en construcción, según los lineamientos y trámites administrativos internos del Concejo”.

Al final, dice: “por lo tanto no se puede dar una respuesta afirmativa a su petición en cuanto al acto administrativo que crea la Junta de Valorización Municipal, ni información sobre las actas de reuniones de la Junta de Valorización y el listado de asistentes por las razones expuestas anteriormente”.

En relación al tema, Ramsés López Santamaría, docente universitario, añade: “esto tiene una lectura social distinta, que puede tener intereses ciudadanos diferentes que son normales dentro de una decisión de esta naturaleza, sobre todo si tenemos que pagar por algo que no necesariamente se va a construir al frente de nuestra casa, pero bueno, esa es la discusión que se da siempre que un ente territorial a la hora de cómo financiar sus proyectos”.

Ante el inconformismo que se ha generado en la ciudadanía, López Santamaría agregó: “la alcaldía cumple con su función de imponer el impuesto, y si alguna parte de la sociedad o la comunidad no está de acuerdo, puede usar también las herramientas jurídicas para demandar ante la jurisdicción contenciosa administrativa el contenido de la decisión, en este caso, es el acuerdo que expida el Concejo donde nos ordena que tenemos que pagar ese impuesto o esa valorización. Ese sería un mecanismo jurídico para discutir el contenido del acto, pero el resto del proceso es competencia de la Corporación discutir este tipo de asuntos”.