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Censura oficial

HÉCTOR RIVEROS

@hectorriveross

Desde hace varios meses el alcalde de Popayán, César Cristian Gómez, ha venido ejerciendo presiones indebidas en contra del diario El Nuevo Liberal, de lejos el más importante de la región, para impedir la publicación de información sobre su gestión a través de la manipulación de la pauta oficial. El método es viejo, burdo y más o menos generalizado en contra de lo que se ha llamado el “periodismo regional”, pero no por ello menos violatorio de la constitución y la Convención Interamericana de Derechos Humanos.

Gómez, directamente o a través de sus más cercanos colaboradores, le han hecho saber a directivas del diario su molestia por la publicación de dos o tres notas que según su entender demuestran un sesgo político de la edición dominical del diario en contra de su tarea y como consecuencia de ello, en forma explícita ha manifestado que la distribución de la pauta oficial tendrá ese hecho en consideración.

La conducta del alcalde está descrita exactamente en la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión aprobada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que en su principio 13 indica que “la utilización del poder del Estado y los recursos de la hacienda pública… con el objetivo de presionar y castigar, o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atentan contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”, como en efecto en Colombia lo están.

La alcaldada ha significado una reducción de al menos un 70% de la pauta proveniente de la alcaldía o sus entidades con el fin de ahogar económicamente al diario o de presionar el rompimiento de la alianza que existe desde hace casi cinco años con el Instituto de Pensamiento Liberal para hacer posible la edición dominical del periódico.

El alcalde debe saber que ni yo, como director del Instituto, ni las actuales directivas del diario vamos a ceder a las presiones y por el contrario las vamos a denunciar buscando protección a la libertad de prensa y de expresión como corresponde en un estado de derecho.

El Instituto decidió promover una alianza con el diario El Liberal para facilitar su reapertura después de la crisis que obligó a su cierre temporal por decisión de sus antiguos socios mayoritarios, los miembros de la familia Galvis promotores de varios medios regionales encabezados por Vanguardia Liberal.

Los términos del acuerdo hacen responsable de los contenidos, así como de la asunción de los costos de producción de la edición dominical al Instituto, pero la gestión comercial le es completamente ajena, la desarrolla en forma autónoma, sin ninguna intervención del Instituto, la Imprenta del Cauca S.A., propietaria del periódico.

El seguimiento al proceso de paz y a la implementación del acuerdo, la eficacia de los derechos de las víctimas, la minería ilegal y los resultados de la gestión de las políticas públicas locales y regionales han sido el centro de las historias de los domingos durante estos años. La alianza permitió que el periodista Edinson Bolaños desarrollara una investigación sobre la minería ilegal que lo hizo merecedor del Premio Simón Bolívar y desgraciadamente también de amenazas y ataques que lo obligaron a salir de Popayán y radicarse en Bogotá donde hace periodismo de investigación en el diario El Espectador.

La instrucción desde el Instituto ha sido no usar el periódico para buscar ventajas electorales. La evaluación de si ello ha sido así o no está abierta para cualquiera que lo quiera hacer. La Misión de Observación Electoral que siguió el cubrimiento de las elecciones regionales escogió a El Nuevo Liberal como el diario que había informado de manera más imparcial en todo el país.

Hay que decir con toda claridad que un medio, en desarrollo de su línea editorial, tiene todo el derecho de ponerse en abierta oposición a un gobierno o a una política pública y, en cambio, ello no le da derecho al gobierno de ejercer presión mediante el uso de los recursos públicos.

Como lo han identificado diversos estudios, uno de los mayores déficits de la democracia en Colombia es el de la ausencia de medios locales, independientes de los gobiernos, que ayuden a la construcción informada de opinión pública y al control de los gobernantes.

La asignación de la pauta oficial no es el resultado de un ejercicio discrecional de los gobiernos, tiene que estar sustentada en necesidades de las entidades públicas, en estudios comprobados de penetración y audiencias y su precio debe corresponder a estudios de mercado que equivalgan al tipo de medio y el impacto que tenga en función del público objetivo.

A este alcalde y a las decenas que lo hacen en otras partes del país hay que decirles con toda claridad que utilizar la pauta para presionar contenidos favorables es una especie de censura indirecta castigada por la ley.

No es cierto que no haya reglas que rijan la asignación de la pauta oficial, ella debe corresponder a la aplicación estricta de los principios de la contratación pública y yo espero que, de regalo al periodismo en la celebración de su día, la Procuraduría o cualquier otro organismo exija, como lo recomiendan múltiples pronunciamientos del Sistema interamericano de derechos humanos, la adopción de normas claras y transparentes sobre la forma como se asigna la pauta oficial.

Gómez debería saber que, si la Fiscalía lo acusa de actos de corrupción, como es su caso, es deber de los medios publicarlo, profundizar, buscar las pruebas y en vez de perseguir a la prensa debería concentrarse en preparar su defensa jurídica porque ayer se supo que lo esperan el próximo 30 de abril en la audiencia preparatoria del juicio al que ha sido llamado.